A 25 años de la presentación ininterrumpida del informe de derechos humanos, y a más de tres décadas del retorno de la democracia, la consideración de los avances normativos e institucionales experimentados, así como los estancamientos operativos en el cumplimiento de sus responsabilidades con relación al respeto y la garantía por parte del Estado paraguayo tras la caída de la dictadura, arrojan un balance modesto. Si bien ante el sistema universal existen contadas demoras, una nueva sentencia y el próximo juzgamiento de un caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos ameritan imprimir mayor celeridad en el cumplimiento de las reparaciones que aún se encuentran pendientes.
Los crímenes contra los pueblos indígenas se originan en el incesante desplazamiento forzoso, consecuencia del acaparamiento de sus tierras. No existen políticas públicas suficientes para afrontar la problemática y, así, las comunidades se encuentran libradas a su suerte. La emergencia sanitaria no es la única culpable del agravamiento de sus condiciones, sino la influencia del gran capital que, más que nunca, se esfuerza para expandirse sobre las tierras ancestrales, avasallando sus derechos, sin encontrar protección del Estado.
Con cada día que pasa, el territorio ayoreo pierde bosques, calidad de hábitat y bienes y servicios naturales*. Mientras tanto, las autoridades nacionales retozan en los asoleados rincones de los ministerios, dedicándose a no evitar los abusos al pueblo y la corrupción. Esa es, sin dudas, la visión que portamos todas o casi todas las personas que habitamos este suelo. No se trata de acusar a nadie, sino de diagnosticar un mal endémico que nos afecta transcendentalmente y que tiene el potencial de arrasar con las vidas del pueblo ayoreo, los demás pueblos del país y con nosotros mismos, que no nos damos cuenta de que también somos pueblo.
En el 2020 se cumple una década de la promulgación de la Ley N.º 4251/2010 “De Lenguas”, que reglamenta los artículos constitucionales relativos al uso de los idiomas en el país, y garantiza los derechos lingüísticos a ser salvaguardados. El artículo analiza el nivel de garantía del derecho a vivir en la lengua propia alcanzado hasta el presente. Se destaca que son necesarios planes de normalización de las lenguas habladas en el país, la planificación lingüística y mayor presupuesto para las políticas lingüísticas.
