Rumbo al Decenio de las Lenguas Indígenas: impulsar la planificación lingüística

En el 2020 se cumple una década de la promulgación de la Ley N.º 4251/2010 “De Lenguas”, que reglamenta los artículos constitucionales relativos al uso de los idiomas en el país, y garantiza los derechos lingüísticos a ser salvaguardados. El artículo analiza el nivel de garantía del derecho a vivir en la lengua propia alcanzado hasta el presente. Se destaca que son necesarios planes de normalización de las lenguas habladas en el país, la planificación lingüística y mayor presupuesto para las políticas lingüísticas.

Balance de los 25 años

Antecedentes

La conciencia acerca de la necesidad de preservar la diversidad lingüística como la promoción y defensa de los derechos lingüísticos datan de los últimos años del siglo pasado. En 1996 se aprobó en Barcelona, España, la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos, que es el primer documento internacional sobre estos derechos. La Declaración fue producto de una reunión de 61 ONG, 41 centros de escritores del PEN Club y 40 expertos en derechos lingüísticos de todo el mundo. La convocatoria de la Conferencia Mundial de Derechos Lingüísticos (CMDL) fue una iniciativa del Comité de Traducciones y Derechos Lingüísticos del PEN Club Internacional y el CIEMEN (Centre Internacional Escarré per a les Minories Ètniques i les Nacions), con el apoyo moral y técnico de la Unesco[1].

En Paraguay, en las instituciones académicas y los espacios de defensa de los derechos humanos, se empezó a hablar de ellos ya en el presente siglo. Producto de esa conciencia, la Codehupy incorporó en sus informes los artículos sobre derechos lingüísticos desde hace doce años[2].

Ley de Lenguas

La sinergia construida entre varias instituciones e individualidades fue gravitante para defender la diversidad lingüística, especialmente la normalización y normativización de la lengua guaraní. Resultado de estos esfuerzos sinérgicos fue la promulgación de la Ley N.º 4251/2010 de Lenguas, en diciembre de 2010. Esta normativa creó la Secretaría de Políticas Lingüísticas (SPL) y la Academia de la Lengua Guaraní (ALG), y estableció las modalidades de utilización del guaraní y el castellano como lenguas oficiales, al tiempo de disponer las medidas adecuadas para promover y garantizar el uso de las lenguas indígenas y asegurarel respeto de la lengua de señas[3].

Se logró esta histórica ley gracias a la primavera democrática que duró cuatro años y en el marco del Bicentenario de la Independencia Nacional. A un año de su promulgación, en el Año del Bicentenario, se conformó la Secretaría de Políticas Lingüísticas, y a dos años, la Academia de la Lengua Guaraní (el 12 de octubre de 2012)[4].

Secretaría de Políticas Lingüísticas, sin presupuesto ni plan de normalización de las lenguas

En el segundo año de existencia, la Secretaría de Políticas Lingüísticas tuvo un presupuesto de aproximadamente 8.000 millones de guaraníes. Lamentablemente, ese presupuesto, de por sí bajo, fue recortado a casi la mitad después del golpe parlamentario de junio de 2012. En estos ocho años, nunca fue repuesto ese presupuesto ni recibido aumento alguno[5].

Así como exige la Ley de Lenguas[6], son necesarios planes de normalización de las lenguas habladas en el país. Desde su creación, sin embargo, la SPL no ha elaborado ningún plan de normalización de las lenguas, especialmente del guaraní, a pesar de la exigencia de la normativa señalada. Su presupuesto actual sigue representando un desaire para la diversidad lingüística del país. Sin presupuesto digno ni recursos humanos cualificados y suficientes en cantidad, será imposible para esta secretaría asegurar el cumplimiento de sus objetivos misionales de garantizar los derechos lingüísticos, establecidos en la Ley de Lenguas.

Avances, obstáculos y desafíos

En el marco normativo, se han logrado avances muy importantes, como la promulgación de Ley de Lenguas y otras normativas que garantizan los derechos lingüísticos. Asimismo, la creación y puesta en funcionamiento de la Secretaría de Políticas Lingüísticas y la Academia de la Lengua Guaraní. De igual forma, se valoran los progresos en la educación para garantizar a los pueblos indígenas el derecho a recibir alfabetización en sus lenguas y vivir en ellas, amén de los pasos dados para promover la lengua de señas.

Empero, los avances para el goce de estos derechos no condicen con las políticas lingüísticas logradas, especialmente para garantizar a los hablantes de la lengua guaraní, idioma oficial del Estado, el derecho a vivir en su lengua y no seguir siendo presionados compulsivamente para abandonarla y abrazar el castellano, lengua de prestigio y de la administración del Estado.

Tampoco se han podido superar racionalidades adversas a la diversidad lingüística, vertebradas en el imaginario colectivo por largos siglos de colonialismo cultural y lingüístico, especialmente para normalizar el uso de la lengua guaraní, como idioma oficial del Estado.

La única forma de garantizar la conservación, revitalización y promoción de la diversidad lingüística es la planificación del presente y del futuro de las lenguas[7]. Y esta tarea prácticamente no la ha iniciado aún el Estado paraguayo.

Situación del derecho

Las lenguas oficiales. Constitucionalmente, las dos lenguas oficiales de la República son el castellano y el guaraní. El castellano –asumido por el Estado paraguayo como lengua de trabajo desde el momento de la independencia nacional– es de uso normal en el país en todos los ámbitos. Sus hablantes no reciben del Estado ninguna discriminación, ya que él se comunica con ellos en su lengua, sea en forma oral o escrita. La deuda histórica del Estado es con la lengua guaraní, lengua proscripta del Estado y perseguida injustamente, a pesar de que históricamente ha sido el idioma casi único del país. Sus hablantes han soportado las discriminaciones y segregaciones más flagrantes sin parangón, quizás, en la historia mundial.

En la actualidad, esta y las demás lenguas del país tienen una cartera del Estado que las atiende: la Secretaría de Políticas Lingüísticas. El guaraní tiene un cuerpo colegiado que trabaja su desarrollo interno, es decir, su corpus, que es la Academia de la Lengua Guaraní. Esta institución se compone actualmente de 30 académicos de número y más de 40 miembros correspondientes. Ha publicado la ortografía y la gramática oficiales, y este año aprobó el Diccionario General de la Lengua Guaraní[8]. De esta manera, esta lengua propia del país está pasando por un proceso de estandarización y modernización promitentes, que facilita su uso en todos los ámbitos de interacción social, como una lengua moderna.

El desarrollo de su corpus no es acompañado por su uso oficial, lamentablemente: su uso es todavía escaso en la administración. Por otra parte, el guaraní está pasando por un proceso inusitado de sustitución de parte del castellano. En más de 30 años de vida democrática, el Estado paraguayo no ha sido capaz de erradicar prejuicios, ideologías adversas a su normalización y asimetrías sufridas por esta lengua, con relación a la lengua castellana. La relación diglósica[9] entre las dos lenguas oficiales ha perjudicado y mellado profundamente en los hablantes de este idioma propio, y perjudicado su posicionamiento social. Si bien en la actualidad existe una política lingüística clara para su normalización, en la práctica sus hablantes siguen amordazados y empujados a abandonarla y abrazar la lengua del poder (el castellano) para vivir, estudiar, recibir atención médica, informarse y encontrar puestos laborales.

Reconocimiento oficial a la Lengua de Señas Paraguaya (LSPy). En el presente año, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley N.º 6530/2020 “Que otorga reconocimiento oficial a la Lengua de Señas Paraguaya (LSPy)”, que tiene por objeto otorgar reconocimiento oficial a la lengua de señas paraguaya como lenguaje de comunicación, de instrucción, de promoción de la identidad, la cultura y los derechos lingüísticos, reconociéndola como primera lengua de las personas con discapacidad auditiva del Paraguay, para la participación plena y efectiva en la sociedad. Con respecto a las otras lenguas, sigue el mismo marco normativo de los años anteriores a este informe.

En 2020, el Instituto Nacional de Educación Superior “Dr. Raúl Peña” (INAES) habilitó un Profesorado en Lengua de Señas (Resolución DGFPE N.º 20/2020). Este profesorado “tiene como objetivo brindar al sistema educativo profesionales docentes sordos con competencias para la enseñanza de Lengua de Señas Paraguaya”^[10]. El Instituto Técnico Superior de Estudios Culturales y Lingüísticos Yvy Marãe’ỹ viene enseñando, con la habilitación del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), el Curso Taller de Lengua de Señas Paraguaya, donde se capacitan numerosas personas, especialmente docentes, para comunicarse en esta lengua.

Unidades lingüísticas especializadas en el Poder Ejecutivo. Mediante Decreto N.º 797/2017, el Poder Ejecutivo estableció en todos los Organismos y Entidades del Estado (OEE) dependientes del Poder Ejecutivo unidades lingüísticas, para impulsar la normalización de la lengua guaraní. En el tiempo comprendido en este informe, estas unidades siguen trabajando. A través de ellas se han iniciado procesos de normalización del guaraní como lengua oficial en los organismos dependientes del Poder Ejecutivo. Las personas responsables de estas unidades son nombradas por resolución, algunas con oficinas y presupuestos propios. En el presente año, de las 95 instituciones dependientes del Poder Ejecutivo, 62 cuentan con resolución de creación de las unidades. De esta cantidad, cerca de 20 están trabajando en coordinación con la Secretaría de Políticas Lingüísticas. Al respecto, se reconocen los esfuerzos prodigados por las autoridades y los técnicos de la SPL. El mencionado decreto se va desarrollando a través de la Red de Normalización de la Lengua Guaraní en las instituciones públicas, que se empezó a poner en funcionamiento ya en el año 2014. Por tal motivo, hoy se observan cartelerías e informaciones públicas en guaraní y castellano; así también se desarrollan charlas de sensibilización lingüística y cursos comunicativos de lengua guaraní. Esta red también se está impulsando en gobernaciones y municipios. Muchas acciones importantes tendientes a la gradual normalización del uso oral y escrito de la lengua guaraní se están desarrollando en los departamentos, a pesar de las limitaciones, incluida la pandemia de la covid-19.

Poder Judicial. Este poder del Estado cuenta con una Dirección de Políticas Lingüísticas Judiciales, creada hace ocho años, que trabaja para formar operadores y auxiliares de Justicia con competencia comunicativa oral y escrita en ambas lenguas oficiales, a través de la Unidad de Políticas Lingüísticas Judiciales y la Unidad de Relaciones Interinstitucionales. Trabaja con la Academia de la Lengua Guaraní y la Academia Paraguaya de la Lengua Española en la normalización de uso de los idiomas oficiales, el guaraní y el castellano. En este sentido, actualmente funcionarios y funcionarias judiciales se capacitan en el dominio de la lengua. Probablemente, esto ha influido en la realización de algunos juicios orales en lengua guaraní y castellano, y en la publicación de algunas resoluciones también en ambas lenguas. Por ejemplo, el Juzgado de la Niñez y Adolescencia del Primer Turno de la Circunscripción Judicial de Guairá dictó el A. I. N.º 316 del 6 de octubre de 2020 en versión bilingüe español-guaraní, en un caso que involucra a un adolescente perteneciente a la comunidad indígena mbya guaraní^[11].

Poder Legislativo. Este poder del Estado es el que ha hecho menos por normalizar la lengua guaraní. En el 2018, la Cámara de Senadores firmó un Convenio de Cooperación con la Fundación Yvy Marãe’ỹ, para que estudiantes del Instituto Técnico Superior de Estudios Culturales y Lingüísticos Yvy Marãe’ỹ, específicamente de la carrera de Traducción e Interpretación Castellano-guaraní, pudieran realizar pasantías y traducir del castellano al guaraní los diarios de sesiones y materiales de publicación de esta cámara[12]. Dicho convenio ha sido renovado y el trabajo cooperativo sigue. El Senado también debe contar con una dirección que atienda los temas lingüísticos, especialmente el uso oficial de la lengua guaraní.

Limitaciones presupuestarias de las políticas lingüísticas. Estas acciones tendientes a la normalización de la lengua guaraní, como lengua oficial junto al castellano en la administración, son importantes, pero totalmente insuficientes. La SPL, por más voluntad que tengan sus directivos y técnicos, no puede mucho con el paupérrimo presupuesto e ínfima cantidad de técnicos. En la actualidad, esta cartera tiene un presupuesto anual inferior a 5.000 millones de guaraníes, suma que se considera un agravio para la diversidad lingüística paraguaya. La institución cuenta con apenas 20 técnicos en las tres direcciones generales, incluidos los directores. Esos técnicos tienen que desdoblarse para atender las dos lenguas oficiales, las veintenas de lenguas indígenas, la lengua de señas y otras lenguas de comunidades de migrantes. Humana y técnicamente es imposible encarar políticas lingüísticas sostenidas y exitosas con ese presupuesto y limitados recursos humanos. Esta secretaría deberá contar –como mínimo– con 100 técnicos altamente especializados en políticas y planificación lingüísticas[13], y con un presupuesto por lo menos diez veces mayor que el actual. Sin estos recursos, el Estado paraguayo seguirá siendo responsable del debilitamiento y de la posible disminución de la diversidad lingüística paraguaya.

La pandemia de la covid-19 y la promoción de las lenguas. Las crisis pueden ofrecer grandes oportunidades. La SPL, con el apoyo del Consejo de Educación Indígena del MEC, ha trabajado durante el presente año en la elaboración y difusión de audiovisuales breves sobre prevención de la covid-19 en cuatro lenguas: qom, nivaclé, guaraní occidental y enxet sur. Además de estos, no se ha podido recoger si se publicaron otros materiales informativos en las otras lenguas. Un derecho lingüístico básico es contar con informaciones sobre la salud en la lengua propia; auspiciosamente, ahora existe esa conciencia sobre ese derecho. En el guaraní paraguayo también existen informaciones acerca de la pandemia, pero no en el volumen como se merece una lengua oficial. En esta lengua, sí se realizaron muchísimas actividades de promoción y difusión durante la pandemia. Numerosos seminarios, congresos, conversatorios, charlas y actividades de diferentes tipos fueron organizados en manera virtual. Los medios virtuales son importantísimas herramientas para la promoción y difusión de las lenguas, y constituyen medios para acercar a las personas que viven en diferentes partes del mundo.

Las lenguas indígenas. El Estado atiende las lenguas indígenas. Se observa que autoridades de la Secretaría de Políticas Lingüísticas y la Dirección General de Educación Escolar Indígena (DGEEI) del Ministerio de Educación y Ciencias trabajan articuladamente para garantizar a los diferentes pueblos indígenas el derecho a vivir en sus lenguas y ser alfabetizados en ellas. La SPL viene esforzándose desde hace unos años en la revitalización de las lenguas más amenazadas de extinción en el país: el guaná y el manjui. Igualmente, está haciendo lo mismo con el angaité, otra lengua en situación de peligro. Los trabajos desplegados por la cartera tienen resultados muy alentadores.

Desde el MEC, a través de la DGEEI, a partir de su creación hace 13 años, se están encarando acciones para garantizar la alfabetización de los pueblos en sus respectivas lenguas. Muchos de los pueblos ya tienen materiales propios para la alfabetización, elaborados en su lengua. Otros están en proceso de elaboración de materiales propios, a partir de palabras generadoras.

Es de poner de relieve que muchos pueblos, con el apoyo del Estado, están trabajando el desarrollo interno de sus lenguas, es decir, el corpus, de manera que ellas sean estandarizadas y modernizadas para ser empleadas en todos los ámbitos de interacción. Los nivaclé cuentan con una Comisión Lingüística, y están impulsando la creación de una Academia de la Lengua. Los ayoreo y los aché guaraní también están siguiendo en esa línea.

Decenio de las Lenguas Indígenas. A nivel mundial, la conciencia y la defensa de la diversidad lingüística, especialmente las lenguas indígenas (que representan más del 50% de las lenguas a nivel mundial), se han expresado en la celebración, en el 2019, del Año Internacional de las Lenguas Indígenas, de manera a poner de relieve el peligro de desaparición que las amenaza. Las ricas experiencias y los resultados alentadores logrados para la defensa, revitalización y promoción de las lenguas indígenas durante la celebración del Año Internacional de las Lenguas Indígenas motivaron que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptara el 18 de diciembre de 2019 una resolución proclamando al periodo 2022-2032 como Decenio de las Lenguas Indígenas, cuyo eje de ruta estratégica es el empoderamiento de los hablantes de esas lenguas. El presente año y el 2021 serán de planificación para encarar este decenio, bajo la coordinación de la Unesco. Al respecto, en la Declaración de Los Pinos (Chapoltepek) se sentaron las bases para esta planificación[14]. El documento contiene los principios fundamentales, las orientaciones estratégicas, las consideraciones temáticas, las directrices de aplicación para el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas, así como el calendario a seguir.

Conclusiones

Se recomienda aprovechar los años venideros, en el marco del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas, para la planificación lingüística en el país. Precisamente, la única manera de preservar la diversidad lingüística paraguaya es a través de una planificación lingüística participativa, a corto, medio y largo plazos, que resulte de esfuerzos sinérgicos entre el Estado y las comunidades de hablantes. En Paraguay, se deben elaborar varios planes: un plan nacional de lenguas y planes específicos para la lengua guaraní (guaraní paraguayo), las lenguas indígenas y la lengua de señas. La Ley de Lenguas (artículo 37) deja esta responsabilidad histórica en manos de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, específicamente como una función de la Dirección General de Planificación Lingüística.

La planificación es una forma de intervención del Estado para revitalizar, promocionar y normalizar la(s) lengua(s). Históricamente, ha sido concebida desde dos posiciones: la sociolingüística y el instrumentalismo[15]. Desde la primera, se defiende que este tipo de planificación no debe ocuparse de la lengua únicamente, sino de la sociedad; se debe plantear a qué tipo de sociedad se aspira, atender las necesidades de los hablantes del idioma, que ellos se sientan orgullosos de su lengua. Defiende que la planificación de la lengua debe contemplar los aspectos culturales.

La planificación lingüística mirada desde la perspectiva instrumentalista, en cambio, sostiene que las lenguas son solo instrumentos de comunicación, que ellas no guardan relación con el sistema simbólico ni con la sociedad en la cual son usadas. Esta perspectiva plantea planificar solo las lenguas, sin tener en cuenta a sus hablantes y las culturas que ellas catalizan[16].

Se considera que la verdadera planificación lingüística es la concebida y vertebrada desde la posición sociolingüística, dado que no se pueden elaborar planes y proyectos tendientes solamente al desarrollo de las lenguas, ya que ellas no viven solas, aisladas, sino son habladas por seres humanos concretos que viven en sociedades concretas, que necesitan condiciones materiales para vivir en su lengua y su cultura, y en ellas mismas. Según la Unesco[17], el territorio, la lengua y la cultura son una unidad.

Recomendaciones

• Preparar desde el Estado, con la participación de los pueblos indígenas, el Decenio de las Lenguas Indígenas, que se iniciará en el 2022.
• Ampliar el presupuesto de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, como demostración de la voluntad política, para conmemorar el Decenio de las Lenguas Indígenas.
• Elaborar y poner en marcha un Plan Nacional de Uso de Lenguas, así como planes específicos para la lengua guaraní, las lenguas indígenas del país y la lengua de señas, desde la Secretaría de Políticas Lingüísticas.
• Fortalecer las unidades lingüísticas especializadas en los organismos y las entidades del Estado, creadas por el Decreto N.º 6797/2017. Para ello, la SPL debe desarrollar talleres y cursos de capacitación permanentes para la formación de los responsables de estas unidades, de manera que ellas puedan cumplir sus funciones.
• Impulsar en las universidades públicas y privadas carreras de grado y posgrado en Lingüística, Antropología, Política y Planificación Lingüística, Traductología y otras que ayuden a formar profesionales para la conservación, revitalización y promoción de todas las lenguas habladas en el país.
• Aumentar el presupuesto de la Academia de la Lengua Guaraní para que la institución pueda cumplir sus objetivos misionales.
• Implementar de manera efectiva la Ley N.º 6530/2020 “Que otorga reconocimiento oficial a la Lengua de Señas Paraguaya (LSPy)”, y proveer presupuestos adecuados a las instituciones responsables de su aplicación.
• Garantizar a los guaraní hablantes y a los pueblos indígenas el derecho a la tierra y territorios, ya que de esa manera se contribuirá a la preservación de sus lenguas.