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Numerosas obligaciones y modestas acciones del Estado paraguayo

A 25 años de la presentación ininterrumpida del informe de derechos humanos, y a más de tres décadas del retorno de la democracia, la consideración de los avances normativos e institucionales experimentados, así como los estancamientos operativos en el cumplimiento de sus responsabilidades con relación al respeto y la garantía por parte del Estado paraguayo tras la caída de la dictadura, arrojan un balance modesto. Si bien ante el sistema universal existen contadas demoras, una nueva sentencia y el próximo juzgamiento de un caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos ameritan imprimir mayor celeridad en el cumplimiento de las reparaciones que aún se encuentran pendientes.

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Dispares respuestas a históricas falencias en un año de emergencia sanitaria

El contexto de la crisis sanitaria por la pandemia de la covid-19 puso al Estado paraguayo en el aprieto de limitar los derechos humanos para proteger intereses colectivos. Lo hizo sin poder garantizar suficientemente que las medidas afectaran a personas en situación de vulnerabilidad. Ante esta coyuntura extraordinaria, los órganos estatales dieron respuestas dispares. Esto hace evidente, una vez más, la necesidad de redoblar esfuerzos para fortalecer el sistema nacional de protección de los derechos humanos.

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Protección de personas refugiadas y solicitantes de asilo: una responsabilidad estatal postergada

Se sigue dando un aumento de solicitudes de asilo pendientes de resolución. Estas requieren una respuesta del Estado con reglas claras en base a las normas del sistema de asilo internacional, como principal medida para un efectivo cumplimiento de los derechos humanos e integración socioeconómica de la población solicitante de asilo en Paraguay. Esto ya no puede ser postergado.

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Entre falta de garantías y represión persistente, se lucha por los derechos humanos

La situación de la pandemia hizo que el año 2020 sea particular en todos los ámbitos, así también lo fue en lo que respecta a la defensa de los derechos humanos y la de sus defensores y defensoras. A los desafíos propios que año tras año se dejan constar en los informes, se suma como argumento de estigmatización y hostigamiento el supuesto incumplimiento de los protocolos sanitarios por personas que ejercen el legítimo derecho a la protesta. El Estado paraguayo sigue negando a los defensores de derechos humanos las garantías que deben gozar como ciudadanos al servicio de la población.

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El paradigma de la protección especial de la niñez y la adolescencia: una deuda en Paraguay

La realización de este balance sobre los derechos de la niñez y la adolescencia en Paraguay toma lugar en un contexto de profundización de las exclusiones y las desigualdades. La pandemia de covid-19 trajo consigo la desaceleración económica y la polarización social. Esta crisis, que emergió como sanitaria, desnuda para este año los persistentes problemas estructurales que amenazan el cumplimiento de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.

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El dinosaurio sigue allí

Las políticas de verdad, justicia y reparación presentan una marcada pausa en 2020. En particular, en lo que atañe a las reparaciones económicas. En una causa se dictó una sentencia condenatoria de primera instancia luego de treinta años de proceso judicial. La Corte Suprema de Justicia estableció un grave precedente al aplicar la prescripción de las acciones resarcitorias en el caso de crímenes de lesa humanidad. La denuncia de un caso de apropiación de un niño desafía a investigar un fenómeno de la dictadura que quedó invisibilizado.

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Tiempo desaprovechado para avanzar en una reforma electoral

La postergación de las elecciones municipales a causa de la pandemia de la covid-19 era una excelente oportunidad para que el Poder Legislativo pueda realizar con seriedad y tranquilidad cambios necesarios que precisa la legislación electoral, sin estar sujeto a la coyuntura propia de un año electoral, que trae consigo intereses de sectores de algunos partidos políticos; intereses que pueden ser contrarios a los avances que necesita dicha legislación. Lamentablemente, no hubo progreso alguno en el tratamiento de propuestas de cambios legales que ya se encuentran a consideración de dicho poder del Estado. Esto constituye una indeseada dilación en la mejora de las condiciones para la participación política, de los procesos electorales, de la ciudadanía en general y de algunos sectores de la población en particular.

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Hay que acelerar el cambio. ¡Ley de paridad ya!

A lo largo de 25 años, desde diferentes espacios organizativos, las mujeres han hecho un largo y persistente trabajo para exigir su derecho a la participación política en igualdad de condiciones con los hombres. A pesar de estos esfuerzos, persisten los mismos reclamos. El contexto de la pandemia por la covid-19 ha mostrado –una vez más– el poder comunitario y organizativo de las mujeres frente a una ausencia de políticas públicas de Estado. Urge volver al sentido amplio de la Política –así, en mayúscula– como constante búsqueda del bien común y una ley de paridad que garantice a las mujeres igual participación política en los procesos de toma de decisiones, electorales e institucionales.

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En Paraguay persisten la explotación y el despojo de las infancias y las adolescencias

Balance de los 25 años En las primeras ediciones del informe de derechos humanos en Paraguay, la trata era apenas mencionada como una más de las tantas situaciones álgidas que aquejaban (y aquejan) a las infancias y adolescencias –agrupadas bajo el rótulo entonces novedoso de “Derechos del Niño y de la Niña”[1]. Recién desde 2003 […]

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El año en que las políticas de seguridad ciudadana también fueron a cuarentena

Durante la emergencia sanitaria, la política de seguridad fue una estrategia clave para lograr, por parte de la población, el acatamiento de las medidas de confinamiento decretadas. La ampliación del derecho penal y del rol de las agencias de criminalización secundaria a nuevas tareas e hipótesis de seguridad interna, dejaron un preocupante legado de fortalecimiento de la militarización de la seguridad y de pérdida de libertades públicas.

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