Las políticas de verdad, justicia y reparación presentan una marcada pausa en 2020. En particular, en lo que atañe a las reparaciones económicas. En una causa se dictó una sentencia condenatoria de primera instancia luego de treinta años de proceso judicial. La Corte Suprema de Justicia estableció un grave precedente al aplicar la prescripción de las acciones resarcitorias en el caso de crímenes de lesa humanidad. La denuncia de un caso de apropiación de un niño desafía a investigar un fenómeno de la dictadura que quedó invisibilizado.
En los últimos 25 años, la impunidad de la tortura ha sido el factor estructural que ha impedido erradicar la práctica. La situación y los casos registrados en 2020 no han dado señales de cambio sustancial en este sentido. La emergencia sanitaria de la covid-19 y las medidas que se aplicaron para hacer respetar la cuarentena pusieron en evidencia cuestiones que pasan desapercibidas en el cotidiano: la arbitrariedad y el uso abusivo de la fuerza, así como la ausencia de espacios adecuados y dignos para la custodia policial. La tortura sigue presente en la práctica de las fuerzas públicas y la tolerancia oficial es un factor que alienta su repetición.
