A lo largo de 25 años, desde diferentes espacios organizativos, las mujeres han hecho un largo y persistente trabajo para exigir su derecho a la participación política en igualdad de condiciones con los hombres. A pesar de estos esfuerzos, persisten los mismos reclamos. El contexto de la pandemia por la covid-19 ha mostrado –una vez más– el poder comunitario y organizativo de las mujeres frente a una ausencia de políticas públicas de Estado. Urge volver al sentido amplio de la Política –así, en mayúscula– como constante búsqueda del bien común y una ley de paridad que garantice a las mujeres igual participación política en los procesos de toma de decisiones, electorales e institucionales.
El fin de la discriminación del trabajo doméstico es uno de los cambios más importantes de los últimos años en materia de derechos humanos. A pesar de los avances legislativos, la emergencia sanitaria por la covid-19 agravó la situación de las trabajadoras domésticas quienes, ante el altísimo porcentaje de informalidad, fueron objeto de despidos injustificados o suspensiones sin goce de salario, con limitado acceso a los programas sociales. Es necesario que el Estado trabaje en políticas públicas que permitan llevar los cambios legales a la vida diaria de las mujeres trabajadoras.
La pandemia de la covid-19 puso una lupa sobre la división sexual del trabajo, mostrando que “quedarse en casa” no afecta a todas las personas por igual. Hizo que lo público y lo privado ya no estén en compartimentos estancos, sino que se fusionaran. Además, evidenció que al Estado paraguayo le falta mucho para ser un “Estado que sale al cuidado de la gente”* y, en especial, de las mujeres.
