Los crímenes contra los pueblos indígenas se originan en el incesante desplazamiento forzoso, consecuencia del acaparamiento de sus tierras. No existen políticas públicas suficientes para afrontar la problemática y, así, las comunidades se encuentran libradas a su suerte. La emergencia sanitaria no es la única culpable del agravamiento de sus condiciones, sino la influencia del gran capital que, más que nunca, se esfuerza para expandirse sobre las tierras ancestrales, avasallando sus derechos, sin encontrar protección del Estado.
