La postergación de las elecciones municipales a causa de la pandemia de la covid-19 era una excelente oportunidad para que el Poder Legislativo pueda realizar con seriedad y tranquilidad cambios necesarios que precisa la legislación electoral, sin estar sujeto a la coyuntura propia de un año electoral, que trae consigo intereses de sectores de algunos partidos políticos; intereses que pueden ser contrarios a los avances que necesita dicha legislación. Lamentablemente, no hubo progreso alguno en el tratamiento de propuestas de cambios legales que ya se encuentran a consideración de dicho poder del Estado. Esto constituye una indeseada dilación en la mejora de las condiciones para la participación política, de los procesos electorales, de la ciudadanía en general y de algunos sectores de la población en particular.
A lo largo de 25 años, desde diferentes espacios organizativos, las mujeres han hecho un largo y persistente trabajo para exigir su derecho a la participación política en igualdad de condiciones con los hombres. A pesar de estos esfuerzos, persisten los mismos reclamos. El contexto de la pandemia por la covid-19 ha mostrado –una vez más– el poder comunitario y organizativo de las mujeres frente a una ausencia de políticas públicas de Estado. Urge volver al sentido amplio de la Política –así, en mayúscula– como constante búsqueda del bien común y una ley de paridad que garantice a las mujeres igual participación política en los procesos de toma de decisiones, electorales e institucionales.
