La situación de la pandemia hizo que el año 2020 sea particular en todos los ámbitos, así también lo fue en lo que respecta a la defensa de los derechos humanos y la de sus defensores y defensoras. A los desafíos propios que año tras año se dejan constar en los informes, se suma como argumento de estigmatización y hostigamiento el supuesto incumplimiento de los protocolos sanitarios por personas que ejercen el legítimo derecho a la protesta. El Estado paraguayo sigue negando a los defensores de derechos humanos las garantías que deben gozar como ciudadanos al servicio de la población.
La coyuntura política del 2020 ha estado indefectiblemente marcada por la situación de emergencia sanitaria causada por la pandemia de la covid-19. Este contexto evidenció, por un lado, las deudas históricas del Estado paraguayo en la consolidación de un sistema de protección social, pese a estar definido en la propia Constitución Nacional como un Estado social de derecho. Por otro lado, la gestión estatal frente a este escenario develó la vigencia de una persistente aplicación irregular de las leyes y de los procedimientos administrativos, que suponen un desafío constante para la protección de los derechos humanos en Paraguay. Así, la dinámica política de este año estuvo marcada por el debate sobre el mismo rol del Estado paraguayo como garante de derechos y la falta de racionalidad en el funcionamiento de la administración pública paraguaya.
Los crímenes contra los pueblos indígenas se originan en el incesante desplazamiento forzoso, consecuencia del acaparamiento de sus tierras. No existen políticas públicas suficientes para afrontar la problemática y, así, las comunidades se encuentran libradas a su suerte. La emergencia sanitaria no es la única culpable del agravamiento de sus condiciones, sino la influencia del gran capital que, más que nunca, se esfuerza para expandirse sobre las tierras ancestrales, avasallando sus derechos, sin encontrar protección del Estado.
