Las políticas de verdad, justicia y reparación presentan una marcada pausa en 2020. En particular, en lo que atañe a las reparaciones económicas. En una causa se dictó una sentencia condenatoria de primera instancia luego de treinta años de proceso judicial. La Corte Suprema de Justicia estableció un grave precedente al aplicar la prescripción de las acciones resarcitorias en el caso de crímenes de lesa humanidad. La denuncia de un caso de apropiación de un niño desafía a investigar un fenómeno de la dictadura que quedó invisibilizado.
