El año 2020 fue marcado, sin duda, por la pandemia de la covid-19. En ese contexto, “quedarse en casa” tuvo un impacto negativo para el reconocimiento y la protección de los derechos sexuales. Adicionalmente, fue un argumento perfecto para seguir eludiendo discusiones como las de la Educación Integral de la Sexualidad (EIS).
Paraguay venía ya enfrentando crisis económica y climática. Este año, sin haber salido del todo de la emergencia sanitaria por dengue, entró en otra causada por la covid-19. Las medidas dispuestas desde marzo para tratar de evitar un descalabro en el sistema sanitario retardando los contagios paralizaron la economía y la vida nacional, generando impactos en el sector público y el privado. Así, se agudizó una crisis social. ¿Y cómo enfrentó el Estado paraguayo la situación? Como lo viene haciendo desde hace tiempo: con mayor endeudamiento. Entre diciembre de 2019 y septiembre de 2020 creció la deuda externa en 30% y la proyección es que seguirá aumentando para fin de año. Así, tenemos un Estado sobreendeudado para largo rato.
El año 2020 se inició con avances en los planes de cumplimiento de numerosas leyes y políticas de protección para las personas con discapacidad, pero todo lo planificado fue suspendido al inicio del mes de marzo con los primeros casos positivos de covid-19. La situación afectó de manera significativa a las personas con discapacidad, por las limitaciones en la comunicación, la incertidumbre en la atención médica y rehabilitación, la dificultad con las clases virtuales, e inclusive la inaccesibilidad a los procesos de ayuda monetaria que instauró el Gobierno para sobrellevar la pandemia.
La pandemia de la covid-19 puso una lupa sobre la división sexual del trabajo, mostrando que “quedarse en casa” no afecta a todas las personas por igual. Hizo que lo público y lo privado ya no estén en compartimentos estancos, sino que se fusionaran. Además, evidenció que al Estado paraguayo le falta mucho para ser un “Estado que sale al cuidado de la gente”* y, en especial, de las mujeres.
Al 31 de octubre, 1.404 son las muertes atribuidas a la covid-19 y, en un hecho sin precedentes, los cuerpos de las personas fallecidas fueron inhumados sin ser vistos ni velados por sus familiares. Mientras, 63.000 personas eran ya las alcanzadas por el nuevo coronavirus*. Pero el impacto de la pandemia no se reduciría al campo de la salud pública, sino que se extendería –por efecto de las medidas adoptadas para contener su propagación– a los más diversos ámbitos de la economía y la sociedad y, desde luego, de los derechos humanos.
