Los crímenes contra los pueblos indígenas se originan en el incesante desplazamiento forzoso, consecuencia del acaparamiento de sus tierras. No existen políticas públicas suficientes para afrontar la problemática y, así, las comunidades se encuentran libradas a su suerte. La emergencia sanitaria no es la única culpable del agravamiento de sus condiciones, sino la influencia del gran capital que, más que nunca, se esfuerza para expandirse sobre las tierras ancestrales, avasallando sus derechos, sin encontrar protección del Estado.
La crisis alimentaria agudizada por la pandemia de covid-19, sumada a las crisis económica y climática, dejó en evidencia las falencias estructurales que impiden la vigencia de la seguridad y la soberanía alimentaria. La situación no hace sino empeorar. Con más de 840 mil personas subalimentadas, y más de 2 millones en riesgo de estarlo, urgen medidas que garanticen la recuperación de la producción de alimentos y fomenten el acceso a los mismos por parte de la población más vulnerable.
