La tendencia regresiva en el campo de los derechos culturales se ha acentuado en el último año, al igual que la combinación de pensamiento fundamentalista, enfoque nacionalista y práctica reactiva y sectorial. La pandemia no solo desnuda fragilidades institucionales, sino que pone al descubierto sus abdicaciones y omisiones, cuyas consecuencias pueden ser nefastas.
Balance de los 25 años[1]
Perspectiva y derechos culturales en cuestión
En Paraguay, la adopciónformal de los derechos culturales es tardía respecto a otros países. La Codehupy destina un apartado específico para su análisis y seguimiento, desde el 2002. Los principales instrumentos internacionales sobre cultura fueron ratificados en el nuevo siglo, aunque algunos datan de hace 30 años o más[2]. Sin embargo, ninguno de ellos ha logrado incidencia relevante en la política pública en el periodo de la transición democrática, lo cual constituye un rezago diferencial respecto a la agenda política y programática de otros derechos humanos[3].
La noción de derechos culturales es un proyecto en vías de realización con escenarios inciertos. Mencionada recurrentemente en arenas políticas, sociales y académicas, lo cultural sigue siendo el componente accesorio o residual de la clase política, el sector privado, la academia, la comunicación y la sociedad civil.
El modelo cultural construido durante la dictadura stronista pervive justamente en la banalidad de lo accesorio, que cubre la compleja legitimación de una violencia estructural, que es también una violencia simbólica estructural[4].
El patrimonio cultural es mayormente desconocido y está abandonado, la historiografía oficial sigue siendo la Historiografía, las expresiones y creaciones no cuentan con circuitos de circulación o están obstruidas por la fuerza de lo típico, las culturas campesinas habitan la diáspora, los pueblos indígenas siguen sufriendo el etnocidio, la deforestación lingüística[5] avanza aceleradamente y las culturas urbanas se forjan sin conocer la ciudad. Las redes sociales captan a una población que no ha podido crear una tradición de uso del espacio público tributario de un régimen democrático consolidado. En una de las sociedades más desiguales de la región, el mercado es el principal mediador ante un Estado cooptado por el clientelismo y los poderes fácticos[6].
Hitos en la construcción de un Estado garante de derechos culturales
Normativas promulgadas. En este cuarto de siglo se destacan la Ley Nacional de Cultura (2006), la Ley de Lenguas (2012), la nueva Ley de Patrimonio Cultural (2016) y la Ley del Audiovisual (2018).
Institucionalidad. En el 2007 se instaura la Secretaría Nacional de Cultura (SNC), con el complejo desafío de promover los derechos culturales en el país y de garantizar los deberes del Estado en la materia, a través de la articulación de decenas de entidades de los tres poderes del Estado y los tres niveles territoriales. En el nivel departamental, cabe destacar que todas las gobernaciones disponen de algún tipo de área vinculada a la cultura. Respecto a las municipalidades, no existen datos sistematizados.
Consejo Nacional de Cultura (Concultura). Creado en el 2011, es un mecanismo consultivo del titular de la SNC, integrado por instituciones públicas y representantes de organizaciones de la sociedad civil. El mismo logra profundización y ampliación entre el 2014 y el 2016, mediante una asiduidad creciente y la inclusión de integrantes que amplían la diversidad.
Otros dispositivos, planes y programas. También enriquecen la institucionalidad cultural en construcción: la instauración de los Fondos de Cultura (2010); la conmemoración del Bicentenario de la Independencia Nacional (2011)[7]; la instauración del Sistema de Información Cultural (2011) y la del proceso de descentralización de la gestión cultural (2014); el Plan Maestro para la Recuperación del Centro Histórico de Asunción (2015); el impulso del Memorial 1A – Ycuá Bolaños (2015); el Programa Regional “Más Allá de la Guerra” (2015)[8]. Además, en el 2019 se aprobó el Plan Nacional de Cultura.
Retrocesos y estancamientos
El incumplimiento parcial o total afecta a las normativas promulgadas. Prácticamente todos los planes y programas citados fueron interrumpidos o resemantizados en clave nacionalista, con excepción del Programa Memorial 1A – Ycuá Bolaños, gracias a la participación eficaz de las organizaciones de víctimas, familiares y amigos y al blindaje de sus recursos presupuestarios. El Plan Nacional de Cultura –como analizaremos más adelante– no es propiamente un plan nacional.
Las decenas de entidades vinculadas al campo cultural conforman un archipiélago institucional sin mayores conexiones entre sí y con las políticas públicas realmente incisivas. La dinamización estratégica de Concultura fue interrumpida justamente cuando estaba iniciando la fase de consolidación.
Tendencia y obstáculo
La tendencia es la regresión. Los avances para construir un Estado garante de derechos culturales y capaz de atender la afirmación de país pluricultural reconocido en la Constitución Nacional fueron truncados (artículo 140). Esa agenda –que logró instalarse por periodos– fue desplazada por otra nacionalista y por la práctica sectorial, operativa, eventista y reactiva. La perspectiva cultural sigue siendo desconocida, desvalorizada o incomprendida por amplias mayorías, incluso por quienes deben garantizarla y promoverla[9].
Por lo tanto, aquella violencia simbólica estructural se recrudece al unísono del movimiento fundamentalista que se inficionó en la estructura del poder político, debilitando o anulando conquistas históricas trascendentales.
La regresión es poderosa porque combina la continuidad de la cultura stronista; la hegemonía del economicismo y de la cultura como sinónimo de cierto tipo de arte y de nacionalismo; la fragmentación de la sociedad civil y de las y los intelectuales.
Situación del derecho en 2020
Plan Nacional de Cultura: ser o no ser
Desde su promulgación en el 2019, el Plan Nacional de Cultura aún no fue completado con metas, plazos, responsables y presupuesto, como se recomendó en el informe precedente[10]. Al respecto, la SNC informó que “en este año 2020, se ha realizado el ajuste de los proyectos de los 3 programas de acción”[11].
Esta respuesta, sumada a las que expresaron algunas instituciones sobre el Plan, suscitan una pregunta: ¿Es un plan nacional de cultura o es la planificación de una institución?
La interrogante derivó en una indagación que identificó situaciones dispares.
Hay organismos que informan varias actividades, pero no vinculan ni se vinculan con el Plan (Dinapi[12], Senatur[13], Mitic[14], Mades[15]). Luego se encuentran las entidades que demarcan competencias. El Instituto Paraguayo de Artesanía (IPA) expresa que “no posee articulación directa en el marco del Plan Nacional de Cultura”[16], salvo proyectos específicos. La SPL[17], por su lado, manifiesta que “el Plan Nacional de Cultura es competencia propia de la Secretaría Nacional de Cultura, coadyuvando la SPL en las áreas de consultas solicitadas por dicha entidad rectora”[18].
Hubo casos en que la consulta no fue respondida (Fondec[19], MOPC[20]) o recibió respuesta contradictoria (Indi[21]).
De las instituciones consultadas, solo el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) afirmó que tiene responsabilidades en el marco del Plan Nacional de Cultura, consistente en la coejecución del componente de “Diplomacia Cultural”.
Un plan nacional es intersectorial, no compete solo a una institución, aunque alguna puede asumir un rol coordinador. Debe tener perspectiva de Estado y erigirse en un dispositivo para la transversalización. Los planes nacionales están convocados para interactuar entre sí, de forma colaborativa y sinérgica, no competitiva.
Las evidencias recogidas demuestran claramente que resta aún un buen trecho por recorrer para hacer del Plan Nacional de Cultura una agenda colectiva que sinergice diversos esfuerzos institucionales.
Inversión en cultura: una agenda pendiente
Sigue sin realizarse un cálculo sobre la inversión en cultura que hacen instituciones del Estado.
Sobre la necesidad e importancia de este relevamiento, se viene observando y recomendando desde el 2017[22], a través de esta sección del informe de Codehupy.
El gráfico 1 resulta de un cálculo basado en datos proporcionados por algunas instituciones.
Gráfico 1. Inversión en cultura 2020 de MOPC, SPL, Fondec, IPA, Dinapi y SNC
La suma de la inversión de estas seis instituciones asciende a Gs. 178.432.660.635, el 0,37% del Presupuesto General de la Nación 2020. El 45% corresponde al MOPC, cuya asignación señalada se vincula con sus programas de restauración del patrimonio. La SNC representa el 25%; la Dinapi, el 18%; el IPA, el 6%; el Fondec, el 4% y la SPL, el 2%.[23]
Mades, MRE, Mitic[24], el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)[25] y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), por ejemplo, reconocen que invierten en cultura, pero no cuentan con el cálculo hecho. El Indi alega que “no aborda de manera específica el componente cultural”[26].
Este ejercicio –que aquí se hace de forma referencial– es importante y necesario porque favorece el conocimiento de los recursos existentes y sus objetos de gastos; y precisa el alcance de los planes vigentes, así como de sus condiciones materiales.
Su ampliación es inexcusable para fortalecer el rigor del análisis situacional, la planificación y la gestión. ¿Cómo pueden las inversiones de las diferentes entidades complementarse para abordar problemáticas y objetivos comunes?
Emergencia patrimonial
En agosto del 2020, la Contraloría General de la República presentó un Informe de Auditoría de la Secretaría Nacional de Cultura (SNC)[27], el cual puso de manifiesto el abandono estructural en el que se encuentra el patrimonio cultural del país. Además, evidenció el incumplimiento de funciones fundamentales en el que incurre dicha institución.
El informe comprende once observaciones referidas a la SNC:
- No concluyó la reglamentación de la Ley N.º 5621/2016 “Protección del Patrimonio Cultural”.
- No ha remitido documentos que reflejen la conformación del Sistema Nacional del Patrimonio Cultural.
- No reglamentó los mecanismos de consulta a la ciudadanía.
- No tiene inventariado ni catalogado el acervo de todos los museos culturales nacionales de carácter público.
- No gestionó acciones oportunas tendientes a la conservación de las dunas y la playa del lago Sirena (Cerrito, Ñeembucú), donde se evidencian vestigios arqueológicos.
Además, el reporte expresa que:
- Monumentos y sitios históricos en propiedades privadas se encuentran en estado de abandono, lo cual refleja que la SNC no exigió en forma oportuna la realización de trabajos tendientes a la conservación y restauración de los mismos.
- La SNC no cuenta con registros que reflejan los cambios realizados a una pieza del Museo de Independencia (restauración y otros cambios).
- Se evidencian deficiencias en el sistema de seguridad de los museos visitados.
- Parte del local del Museo “Pedro Hermosa” (Isla Umbú, Ñeembucú) fue alquilado a terceros para actividades ajenas a sus fines.
Las últimas dos observaciones aluden a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)[28], y advierten que la SNC:
- No identificó ni adoptó metas de los ODS que vinculan sus actividades.
- No asumió el compromiso de los ODS y la Agenda 2030.
Varias de estas observaciones vienen siendo señaladas desde el 2017, a través del informe de Codehupy[29], particularmente la dilación en la reglamentación de la Ley N.º 5621/2016 “Protección del Patrimonio Cultural”. La SNC ha tomado el camino de reglamentarla paulatinamente. Sin embargo, este criterio se abstrae del estado de emergencia y no se condice con las motivaciones que promovieron la promulgación de un nuevo instrumento legislativo.
Proyectos ciudadanos: la concursabilidad se consolida, pero la descentralización sigue siendo un desafío
En el 2020, la SNC, el Fondec y el IPA, tres de las principales instituciones públicas del nivel central vinculadas con el campo cultural, apoyaron 256 proyectos ciudadanos, mayormente a través de mecanismos de concursabilidad[30].
Fondecapoyó 154 proyectos, la SNC, 95[31] y el IPA, 7[32]. Conacyt informó que ha financiado proyectos de investigación vinculados con el campo cultural, pero no cuenta con los datos organizados desde esa perspectiva[33].
Con relación a la distribución territorial, solo el Fondec presentó información desagregada. El 68% de los proyectos que ha apoyado provienen de Asunción y el departamento Central. Con bastante distancia, siguen Encarnación (5%), Alto Paraná (4%) y Paraguarí (4%). Departamentos como Guairá, Caaguazú, Caazapá y Misiones presentan –cada uno– el valor del 3%. Otros llegan al 1%. Canindeyú, Boquerón y Alto Paraguay tienen el 0%.
La concentración poblacional, la densidad de artistas y gestores culturales[34] y la acumulación de destrezas para la gestión de proyectos son factores que explicarían la concentración de apoyo en Asunción y el departamento Central. Convendría, no obstante, que tales criterios se combinen con la diversidad, la atención de minorías culturales y la disminución de asimetrías.
Ninguna institución, salvo el IPA, informó acerca de la relación con grupos sociales o culturales (mujeres, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, indígenas, personas con discapacidad, afrodescendientes, etc.). Algunas, incluso, aclaran que no corresponde porque existen instituciones responsables de dichos grupos, lo que evidencia una perspectiva claramente sectorialista.
Esfuerzos estoicos, pero insuficientes para frenar la deforestación lingüística
En el año 2020 se ha promulgado la Ley N.° 6530 que otorga el reconocimiento oficial a la lengua de señas paraguayas (LSPy)[35], verdadero hito para una de las minorías culturales y lingüísticas más invisibilizadas del país, que contribuye a mejorar las condiciones para asegurar la participación plena y efectiva en la sociedad.
La SPL, instancia de aplicación y regulación, debe avanzar en los pasos para su efectivo cumplimiento.
Esta institución también informa que “está trabajando con los pueblos guaná, manjui y angaité en la documentación de la lengua. No obstante, por limitaciones presupuestarias no es posible un alcance a todas las lenguas en peligro de extinción”[36].
Desde este informe se expresa un llamado al Estado para que incremente los esfuerzos en consonancia con la gravedad del problema. El peligro de extinción de varias lenguas indígenas viene siendo advertido desde el 2017, a partir de esta sección del informe de Codehupy[37].
La anunciada formulación del Plan Nacional de Promoción, Revitalización y Fortalecimiento de las Lenguas Indígenas requiere nutrirse de los aprendizajes que, en materia de planificación, se hacen en este capítulo, de modo a evitar errores y procedimientos improcedentes.
Retos de la pandemia
Ámbitos vinculados a las artes, en particular escénicas, y grupos sociales como los pueblos indígenas, las mujeres, los niños y las niñas, las personas con discapacidad, de la tercera edad, en situación de pobreza, las trabajadoras en situación de informalidad[38], así como las mipymes resienten los efectos de la pandemia de forma devastadora.
La embestida afecta también a las instituciones, siendo notoria entre las entidades vinculadas a los derechos culturales. Sus debilidades en la previsión, planificación, visión estratégica, información, presura y articulación fueron desnudadas. Si bien se han promovido acciones coordinadas entre organismos en torno a actividades de contingencia, no se ha organizado un frente interinstitucional que logre posicionar el campo cultural –en su especificidad y relevancia– en la agenda política de la emergencia[39]. La primera reunión de Concultura en el 2020 fue el 3 de agosto[40].
Las consecuencias de viejos problemas, como el rezago de acceso a bienes y servicios públicos por parte de grupos históricamente postergados (indígenas, por ejemplo); o el déficit crónico de circuitos de circulación de contenidos, bienes y servicios, se agravaron geométricamente, a la vez de combinarse con nuevos problemas, como la coerción de la virtualidad sobre actividades que, históricamente en Paraguay, operaron de forma presencial. “La pandemia vino a desmontar el mito de la conectividad”[41].
Subsidio para artistas, gestores y gestoras culturales
Con apoyo de varias organizaciones, la SNC impulsó la promulgación de la Ley N.º 6584/2020, que prevé subsidio a artistas, gestoras y gestores culturales afectados por la covid-19. Asimismo, instauró una plataforma para el primer registro de artistas, gestoras y gestores y organizaciones culturales del Paraguay, denominado Téra(palabra en guaraní que significa nombre),que servirá de padrón para definir el público beneficiario de la ley citada.
Siendo octubre del 2020, se han inscripto 10.433 personas, de las cuales 8.516 manifestaron su conformidad de ser incluidas en el padrón para el subsidio. De estas, 7.087 perfiles cumplen con los requisitos estipulados en la Ley N.º 6584/2020. El padrón fue remitido al Ministerio de Hacienda para su análisis y expedición. No existe previsión acerca de cuándo se ejecutaría el subsidio. Diversas organizaciones vienen manifestándose en reclamo de su ejecución.
Reducción del IVA para el sector de artesanía
El IPA impulsó la promulgación del Decreto N.º 3739/2020, a través del cual se autoriza la deducción del IVA al 50% del valor enajenado en la comercialización desarrollada por artesanos o empresas artesanas, inscriptos en el Registro de Artesanos del Instituto Paraguayo de Artesanía. La medida tiene vigencia hasta diciembre del 2020.
Sin embargo, la normativa se encuentra con obstáculos de diversa índole (informalidad del sector de artesanía, déficit de información, etc.) que, en última instancia, hacen que el cumplimiento sea parcial o segmentado.
Respuestas y desafíos ante la pandemia
La mayoría de las instituciones vinculadas al ámbito cultural cambió su agenda, incorporando actividades de asistencia social (distribución de kits de alimentos) y financiamiento de actividades compatibles con la cuarentena (festivales virtuales, etc.). En este nivel de respuestas, diferentes entidades aunaron esfuerzos.
Actividades tradicionales lograron adaptarse. Un ejemplo es la primera feria virtual del libro, que consiguió la articulación de las tres cámaras del libro que existen en el país[42], alcanzando resultados relevantes de facturación y afluencia de visitantes.
Las ferias de artesanías organizadas por el IPA, cuando la cuarentena pasó a fases de flexibilización, lograron una alta convocatoria y generación de ingresos, demostrando una potencialidad aún no desarrollada en torno a pequeños productores.
Los condicionamientos de la pandemia favorecieron que se apostara por el financiamiento de contenidos nacionales a través de Paraguay TV (Cine en casa[43]), costeando los derechos de autor, una iniciativa que es regla en otros países donde hay políticas de comunicación y políticas de cultura articuladas.
La construcción de aprendizajes, la sinergia entre instituciones, la revisión de los programas y proyectos a la luz del “modo coronavirus de vivir”, la previsión y la atención de problemas estructurales del campo cultural (ver retrospectiva) son algunos de los retos clave que, en primera instancia, señala la crisis pandémica.
“Cultura, Causa Nacional”
En marzo del 2020, más de 700 personas –entre ellas, intelectuales, referentes culturales, líderes y lideresas de diferentes ámbitos– movilizaron un comunicado público dirigido al presidente de la República, denominado “Cultura, Causa Nacional”, manifestando que, de no tomarse las medidas adecuadas, los problemas tienden a agravarse:
el cuadro de emergencia en que se encuentra el patrimonio cultural, el recrudecimiento de la intolerancia y la discriminación, la agudización de la desigualdad social para la creación y el acceso a bienes y servicios simbólicos, la profundización del etnocidio cultural de los pueblos indígenas y el desplazamiento de los lazos simbólicos que articulan la nación por el miedo, la inseguridad y la violencia[44].
Conclusiones
La regresión en el enfoque y en la capacidad de gestión de las instituciones garantes de derechos culturales no solamente persiste, sino que se ha acentuado, y esto es preocupante. Hay una devaluación notoria en la visión estratégica. El acento está puesto en un nivel táctico y operativo. De esa forma, las instituciones no solo postergan la atención de las causas de los problemas, sino abdican de sus roles fundamentales: dirigir, orientar, articular, regular, promover, prever, planificar.
Asimismo, evaden el desafío de desplazar aquel paradigma homogeneizante y reduccionista de cultura por una perspectiva que reconozca el pluralismo y la interculturalidad.
El informe publicado por la Contraloría General de la República acerca del desempeño de la SNC es sintomático de una realidad que, en mayor o menor medida, caracteriza a las diversas instituciones.
La pandemia vino a precarizar aún más la fragilidad institucional. A diferencia de otros temas, lo cultural o la perspectiva cultural no han sido posicionados como relevantes en el contexto de la emergencia, sedimentando aún más los obstáculos para el tiempo pospandémico, que pronostica nuevos y prolongados problemas, al igual que condicionamientos.
Lo más inquietante es que no se observan señales concretas de parte de ninguna institución cultural para superar la dispersión institucional y el sectorialismo. Es notoria la evidencia recogida al respecto.
Cada institución está atrincherada con sus temas. A lo sumo, expresa apertura para articulaciones operativas y específicas. El Plan Nacional de Cultura no es tal porque no moviliza, convoca ni significa acciones estratégicas colectivas e intersectoriales. Tampoco otros planes distan mucho de esta situación.
Las decenas de instituciones que tienen alguna vinculación con el ámbito cultural configuran un archipiélago institucional desconectado de los procesos políticos, sociales y económicos. Es una tendencia que, sumada al neofundamentalismo creciente, habilita escenarios desalentadores.
En este tiempo aciago, resta indagar en los embates de sentido de la pandemia, que vino a desnudar y precarizar fragilidades. ¿Tanto desasosiego podría propiciar un “malestar en esta cultura” que anhele otros modelos culturales?
Recomendaciones
- La SNC debe superar las omisiones y carencias del Plan Nacional de Cultura y promover un diálogo con otras instituciones para desplazar el enfoque sectorialista, a favor de un enfoque colaborativo y sinérgico.
- El IPA, la SPL, el Fondec, el MOPC, Dinapi, el Indi, Mitic, entre otras instituciones, deben asumir su corresponsabilidad en este instrumento, a la vez de sinergizar sus planes y programas.
- Redinamizar Concultura, tanto en su dimensión estratégica como en su carácter de caja de resonancia del pluralismo cultural del país.
- La SPL debe acelerar la formulación del Plan Nacional de Promoción, Revitalización y Fortalecimiento de las Lenguas Indígenas y, en ese marco, poner en marcha una estrategia nacional que prevenga la extinción de lenguas indígenas.
- La SNC debe finalizar la reglamentación de la Ley N.º 5621/2016 “Protección del Patrimonio Cultural” e instalar el Sistema Nacional de Patrimonio Cultural.
- Se reitera la recomendación de elaborar el estudio sobre la inversión en cultura que realizan instituciones del Estado, incluyendo las gobernaciones.
- Articular los fondos concursables de alcance nacional existentes de modo a generar sinergia, y vincularlos con una base de datos que permita el análisis según territorio, género, ciclo de edad, etnia, discapacidad y otras variables.
- Sistematizar y generar una reflexión colectiva sobre los aprendizajes de las acciones de contingencia desarrolladas durante la pandemia desde la perspectiva cultural, de cara a alimentar medidas de corto y mediano plazo.
- Acelerar las gestiones para efectivizar la Ley N.º 6584/2020 que prevé subsidio para artistas y gestores culturales.
- Difundir estratégicamente y de forma periódica el procesamiento de datos de la base de datos Téra.
- Vincular la base de datos Téra con otras (como la del Registro de Artesanos, por ejemplo), de modo a incrementar la sinergia y la gestión articulada.
- Evaluar la gestión de Mitic, particularmente los procesos y los resultados de los medios públicos (TV Paraguay y Radio Nacional) en la promoción de los derechos culturales.
[1] Este balance fue escrito a partir de la revisión de los informes de derechos culturales producidos por la Codehupy hasta la fecha. Además, se ha inspirado en una conversación con Ticio Escobar y Mabel Causarano. Sin embargo, es el autor el único responsable de desaciertos interpretativos.
[2] El Estado paraguayo ratifica: en 1988, la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural; en 1992, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; en 2006, la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático y la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. Además, en el 2007 ratifica la Convención sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales (2005).
[3] Los derechos culturales están abordados en diversos instrumentos, sin que exista una visión articulada, ni tampoco mecanismos de seguimiento incisivos a nivel supranacional.
[4] La violencia simbólica estructural alude a situaciones persistentes en las cuales las relaciones de poder, la jerarquización del espacio social y las prácticas consideradas legítimas imponen y despojan sentidos que están vinculados con la expresión, la creación, los ritos y las creencias, las identidades, los roles, los géneros, las normas y la diferencia.
[5] Bartomeu Melià, “La Guerra Grande y la Lengua Guaraní”, en Más Allá de la Guerra: Aportes para un debate contemporáneo (Asunción: Secretaría Nacional de Cultura, 2016), 110.
[6]Milda Rivarola, “Coyuntura Política. Temime’emby, Joavy ha Pokatu (Derechos, desigualdad y poder)”, en Derechos Humanos en Paraguay 2019 (Asunción: Codehupy), 37-50. El análisis de esta autora pone de relieve la expansión de la desigualdad, el clientelismo y la “feudalización” del territorio.
[7] Aunque fugaz, un nuevo modelo cultural tomó expresión de multitud en el espacio público durante los eventos de conmemoración del Bicentenario.
[8] Iniciativa gestada en la Reunión de Ministros de Cultura del Mercosur, bajo el liderazgo de Paraguay, que planteaba la conmemoración de los 150 años de la Guerra Grande, promoviendo lecturas plurales y vinculando la perspectiva nacional con la perspectiva regional. Fue cancelada por la administración de Fernando Griffith, que privilegió la conmemoración basada en el enfoque nacionalista.
[9] Es un problema homólogo el que enfrentan la perspectiva de género, el ambientalismo, la diversidad sexual, la inclusión de personas con discapacidad, la perspectiva de los derechos del niño o la alteridad étnica. Los nuevos paradigmas aún no han desplazado a los viejos.
[10] Vladimir Velázquez y Zulma Masi, “Desidia de los garantes pone en peligro los derechos culturales”, en Derechos Humanos en Paraguay 2019 (Asunción: Codehupy, 2019), 259.
[11] Información proveída por la SNC a través del Portal de Información Pública, acceso el 16 de octubre del 2019. Los tres programas que informa la institución son “Desarrollo Sostenible”, “Procesos Culturales” y “Bienes Culturales”.
[12] La Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (Dinapi) es responsable del Plan Nacional de Propiedad Intelectual.
[13] La Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) es responsable del Plan Maestro de Turismo y de la gestión de las Ruinas Jesuíticas, por citar dos ejemplos de envergadura.
[14] El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) informa acerca de un listado amplio de acciones ejecutadas a nivel de medios públicos, particularmente TV Paraguay y Radio Nacional.
[15] Las vinculaciones entre el patrimonio cultural y el patrimonio natural están definidas conceptual y estratégicamente en la Convención del Patrimonio Natural y Cultural de la Unesco, ratificada por Paraguay en 1986, que es uno de los instrumentos internacionales que enmarcan la acción del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades).
[16] “Solicitud #34931. Informe para el artículo de derechos humanos”, Portal Unificado de Información Pública, acceso el 16 de octubre de 2020, https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/ciudadano/solicitud/34931.
[17] La Secretaría de Políticas Lingüísticas (SPL) informa que debe elaborar el Plan Nacional de Promoción, Revitalización y Fortalecimiento de las Lenguas Indígenas, además de promover el bilingüismo en el Paraguay.
[18] “Solicitud #34928. Informe para el artículo sobre derechos humanos”, Portal Unificado de Información Pública, acceso el 16 de octubre de 2020, https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/ciudadano/solicitud/34928.
[19] Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (Fondec).
[20] Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
[21] El Instituto Nacional del Indígena (Indi) menciona que, por Ley, debe articular con los órganos responsables de cultura. Sin embargo, indica que la institución no aborda de manera específica el componente cultural dentro del Programa de Apoyo a los Pueblos Indígenas en sus Hábitat.
[22] Vladimir Velázquez, “Los desafíos de Estado en materia de derechos culturales”, en Derechos Humanos en Paraguay 2017 (Asunción: Codehupy, 2017),263-281.
[23] A diferencia del MOPC, estas cinco instituciones culturales en sentido total, por lo que todo su presupuesto es imputado al ámbito. En esta edición, no han contestado instituciones como el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y no se ha podido acceder al Centro Cultural de la República “El Cabildo”.
[24] Informa que medios públicos como Paraguay TV y Radio Nacional destinan importantes espacios para la difusión cultural.
[25] El MEC informa, por ejemplo, que el Plan Nacional de Lectura no dispone de presupuesto.
[26] La respuesta del Indi es contradictoria, como se evidencia en el apartado anterior. Se presume que la institución no tiene una sistematización conceptual ni operativa hecha desde la perspectiva cultural.
[27] Informe Final de Auditoría de Cumplimiento a la Secretaría Nacional de Cultural, Dirección General de Control de Gestión Ambiental y Cultural de la CGR, Resolución CGR N.° 629/19 (artículo 1.º, numeral 64, agosto del 2020).
[28] Conviene subrayar que los ODS no están siendo operacionalizados adecuadamente desde ninguna institución vinculada al ámbito cultural, como tampoco la perspectiva cultural está siendo atendida con rigor por parte de la Agenda Nacional de los ODS. Por otra parte, instrumentos como el SIMORE Plus evidencian que los derechos culturales tienen una presencia formal, vaga y dispersa.
[29] Velázquez, “Los desafíos de Estado…”, 263-281
[30] No se ha podido contactar con el Centro Cultural de la República “El Cabildo” a través del Portal de Acceso a la Información Pública. Es una institución que apoya en número relevante proyectos ciudadanos culturales en el país.
[31] Del total de proyectos, 54 corresponden al Programa Fondos de Cultura para Proyectos Ciudadanos, 22 al Concurso de Creación Artística por los 150 años de la Guerra Guasu y 19 al Programa Bonos Creativos impulsado por el CIRD, con apoyo de la SNC. Este último en el contexto de la pandemia.
[32] En el marco del Fondo de Artesanías del Paraguay.
[33] “Solicitud #34939. Informe para el artículo de derechos humanos”, Portal Unificado de Información Pública, acceso el 17 de octubre de 2020, https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/ciudadano/solicitud/34939.
[34] Son contrapartes principales del Fondec artistas y gestores culturales. Aun en baja proporción, otros sujetos y subjetividades.
[35] Ley N.º 6530/2020, Biblioteca y Archivo Central del Congreso de la Nación, acceso el 16 de octubre de 2020, https://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/9206/ley-n-6530-otorga-reconocimiento-oficial-a-la-lengua-de-senas-paraguayas-lspy.
[36] Secretaría de Políticas Lingüísticas, Portal de Información Pública, octubre del 2020.
[37] Velázquez, “Los desafíos de Estado…”, 276.
[38] Perfil que concentra a los trabajadores de los ámbitos vinculados con la cultura.
[39] Vladimir Velázquez, “La debilidad de la institucionalidad cultural de Paraguay se ha acentuado en la crisis pandémica”, enRevista Gestión Cultural 2020, 85-92, versión digital en http://rgcediciones.com.ar/la-debilidad-de-la-institucionalidad-cultural-de-paraguay-se-ha-acentuado-en-la-crisis-pandemica/.
[40] Puede accederse al acta de la reunión desde http://www.cultura.gov.py/wp-content/uploads/2020/10/CONCULTURA-03-08-20-Acta-Anexo-Aprobaci%C3%B3n.pdf http://www.cultura.gov.py/concultura/
[41] Velázquez, “La debilidad de la institucionalidad…”, 88.
[42] Debido a que existen tres cámaras del libro, en Paraguay hay varias ferias nacionales del libro.
[43] http://www.cultura.gov.py/2020/05/continua-el-festival-cine-en-casa-en-el-marco-de-las-medidas-de-contingencia-implementadas-por-la-snc-ante-el-covid19/
[44] Texto de la petición en change.org: https://www.change.org/p/se%C3%B1or-presidente-de-la-rep%C3%BAblica-del-paraguay-mario-abdo-ben%C3%ADtez-cultura-causa-nacional?use_react=false.
