Una crisis contenida en muchas otras que la pandemia desvela con nitidez

Al 31 de octubre, 1.404 son las muertes atribuidas a la covid-19 y, en un hecho sin precedentes, los cuerpos de las personas fallecidas fueron inhumados sin ser vistos ni velados por sus familiares. Mientras, 63.000 personas eran ya las alcanzadas por el nuevo coronavirus*. Pero el impacto de la pandemia no se reduciría al campo de la salud pública, sino que se extendería –por efecto de las medidas adoptadas para contener su propagación– a los más diversos ámbitos de la economía y la sociedad y, desde luego, de los derechos humanos.

La crisis ambiental como permanente telón de fondo

La crisis desatada por la pandemia parece estar contenida en otra crisis, pero ante la cual no se actúa de la misma rápida manera que con el coronavirus. La crisis ambiental, de lento, pero de continuo desarrollo, ahí está, ensanchando su amenaza y afectando la vida de diversos modos, al punto de extinguirla, incluso. La propia Organización Mundial de la Salud (OMS), a nivel planetario, ha advertido reiteradamente que la contaminación del aire –una de las manifestaciones más comunes de la crisis ambiental que vive el planeta– es un factor de riesgo crítico para las enfermedades no transmisibles (ENT), ya que se estima que causa una cuarta parte (24%) de todas las muertes de personas adultas por cardiopatías, el 25% de las muertes por accidentes cerebrovasculares, el 43% de las muertes por neumopatía obstructiva crónica y el 29% de las muertes por cáncer de pulmón[1].

En Paraguay, de igual modo, las evidencias de que se está ante una crisis climática, con su consecuente impacto en la biodiversidad, la fauna y la salud de las personas, son cada vez más inocultables[2]. Las cíclicas inundaciones y sequías, así como la regular manifestación de epidemias como el dengue, son indicadores que tenderían a confirmar la relación existente entre estas dos crisis que enfrenta el mundo entero, y que de diversos modos ponen en riesgo la salud y la vida de las personas[3].

Al respecto, el sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos señala que

[una de] las características esenciales de este modelo es la explotación ilimitada de los recursos naturales. Esta explotación está violando fatalmente el lugar de la humanidad en el planeta Tierra. Esta violación se traduce en la muerte innecesaria de muchos seres vivos en la Madre Tierra, nuestro hogar común, tal como lo defienden los pueblos indígenas y campesinos de todo el mundo, hoy apoyados por los movimientos ecologistas y la teología ecológica. Esta violación no quedará impune. Las pandemias, como las manifestaciones de la crisis ecológica, son el castigo que sufrimos por tal violación. No se trata de una venganza de la naturaleza. Es pura defensa propia. El planeta debe defenderse para garantizar su vida[4].

Condicionantes e incapacidad estructural y denegación de derechos

Dadas las condicionantes económicas predominantes en el país –derivadas de un modelo económico extractivista que en su desarrollo ha generado fenómenos ampliamente denunciados, como el acaparamiento de tierras, la deforestación indiscriminada y la degradación ambiental–, el Estado carece de una institucionalidad que sea capaz de imponer su imperio y hacer respetar sus propias leyes ante la voracidad capitalista, que solamente encuentra resistencia a su expansión en las poblaciones locales campesinas e indígenas, que luchan por sobrevivir sin ser expulsadas de sus hábitats.

A lo largo de muchos años, la experiencia de exigibilidad de derechos y de desarrollo institucional para los derechos humanos demuestra que una economía basada en los agronegocios es contraria a los derechos económicos y sociales. Esta condiciona y moldea el desarrollo institucional del Estado, haciéndolo operar a expensas de los derechos humanos, para transformarlo en un aparato frágil y desdibujado, incapaz de garantizar y satisfacer derechos, como resultado del proceso de cooptación empresarial que no admite, por ejemplo, la justicia tributaria ni la vigencia de la ley misma, especialmente cuando esta supone el menoscabo en sus ganancias.

En estas condiciones, la salud pública y la protección social de la población se debaten en el Paraguay. Ambos tópicos esenciales de toda política pública quedaron, desde el inicio de la pandemia, comprometidos y al albur de un Gobierno que, en líneas generales, demostró permanentemente debilidad y escaso talento para tomar decisiones en una coyuntura cuya transcendencia histórica requería audacia, más allá de los parámetros ideológicos refrendados por el Poder Ejecutivo y buena parte del Congreso, para enfrentar el embate.

El Gobierno dispuso medidas de respuesta para la contención del coronavirus, que en todo momento fueron seguidas con mucha expectación a lo largo de todo el país, pese a cualquier discrepancia.

La estrategia principal fue demorar la propagación del virus, exigiendo a la población el distanciamiento físico y el aislamiento social que, así como las demás medidas adoptadas, requerían de cierta disciplina social, algo difícil de lograr en una sociedad educada en el individualismo, donde buena parte de la misma –al carecer, a su vez, de programas amplios y efectivos de protección social que la protejan de las situaciones de pobreza y pobreza extrema en las cuales vive– es obligada a arreglarse en las calles para sobrevivir.

Por otra parte, la estrategia para suplir la inveterada falta de inversión en infraestructura, equipamiento y capacitación del personal de blanco fue el endeudamiento externo, como la única fórmula para financiar las adquisiciones y acciones de requerimiento inmediato, situación que previsiblemente también iba a tropezar con uno de los grandes problemas de la transición paraguaya: la corrupción.

La dualidad en la política marca una realidad permanente que se separa de las formas

En este contexto, también se abre un debate sobre la posibilidad de realizar negociaciones directas con uno de los principales países proveedores de insumos médicos en el mundo, la República Popular China, país con el cual Paraguay no tiene relaciones diplomáticas, pero sí crecientes relaciones comerciales. El Poder Ejecutivo y el oficialismo en el Congreso –que disimulan su posición contraria a la relación con China basados en una anacrónica agenda política que data de la Guerra Fría– se negaron a cualquier acercamiento.

Al poco tiempo, sin embargo, se hizo evidente que el problema no era negociar la compra de insumos médicos con China, sino hacerlo de Estado a Estado. Y, mientras altas autoridades del Gobierno simulaban una posición diplomática de rechazo hacia China, las amistades del poder dentro del empresariado eran proveídas de ingentes recursos públicos en el marco de licitaciones públicas para que adquieran los insumos y equipos médicos… ¿de dónde? De China.

Situación compatible con una farsa, sin dudas, que resultó desvelada por la corrupción sistémica existente en las contrataciones públicas y de la cual –históricamente– importantes sectores con vínculos en el oficialismo político son sus tributarios. Se trata de una demostración más de la permanente dualidad que vive la política en el Paraguay, que por décadas ha soportado apariencias de lo que no es, sin asumir aquello que materialmente es constatable con un simple análisis.

Por supuesto, esto no es nuevo. En la historia reciente, a lo largo de la dictadura existió un régimen con fachada de legalidad, donde había un Congreso que funcionaba y elecciones regularmente llevadas a cabo, mientras se torturaba y proscribían libertades fundamentales de la ciudadanía. Simétricamente, hoy día también podría afirmarse la existencia de un Estado democrático y social de derecho en las formas, pero que –en sus modos de actuar– en vez de tener en el centro de sus preocupaciones y gestión pública a las personas, lo que hace es favorecer el enriquecimiento de una élite en el poder, ya sea mediante la corrupción, el comercio ilícito o el fomento de un modelo económico excluyente y depredador del medio ambiente.

Incapacidad estructural y derechos en la incertidumbre

En este marco, y ya durante los primeros meses de la pandemia, tal como la Codehupy lo advirtió en un pronunciamiento público de comienzos de marzo, el Paraguay entero empezaba a palpar la incapacidad estructural del Estado para enfrentar la contingencia sanitaria, social y económica derivada del avance de la pandemia.

En la oportunidad, la Codehupy, al caracterizar la incapacidad estructural del Estado, sostenía que la misma no solamente comprometía la realización del derecho a la salud, sino el derecho a una vida digna de toda la población, tal como se podía observar en el deficitario servicio de la sanidad pública y en la carencia de un sistema de protección social eficaz, capacidades indispensables para mermar el impacto de la epidemia que se pretendía contener[5].

Respuesta social en un horizonte sin protección estatal a la vista

Esta situación hizo que aceleradamente el paisaje dibujado por la pandemia sea el de personas excluidas de sus puestos de trabajo. Las 596.185 personas desocupadas y las 111.162 personas inactivas económicamente^[6] están, hasta el presente, en la incertidumbre y sin posibilidades reales de poder reclamar lo que en justicia les corresponde. Personas que, a la preocupación de la epidemia, debían sumar la preocupación por la propia alimentación y la de sus hijos e hijas.

La Codehupy vio en todo esto una crisis alimentaria que se iría profundizando, sin que el Estado ofrezca reales condiciones para hacerle frente. Infortunadamente, los acontecimientos lo fueron confirmando con el paso de las semanas y los meses. Y esta circunstancia fue afrontada con la organización y la solidaridad en los barrios y asentamientos menos favorecidos.

La organización social y la solidaridad de la población, en el caso de las ollas populares, no solamente contribuyeron a proteger contra el hambre a un número importante de personas en situación de desahucio a lo largo de prácticamente todo el país, sino también obligaron al Estado a legislar en la materia, para que esta iniciativa, genuinamente social y ciudadana, adquiera mayor envergadura y se transforme en una de las respuestas más eficientes, enhebrada por las manos fraternas de la gente afectada, que así supo enfrentar y enseñar lo que era correcto y necesario hacer ante la crisis alimentaria, en un horizonte con muchas incertidumbres y sin protección estatal a la vista[7].

La coerción y los abusos de poder, recursos represivos de un Gobierno con legitimidad decreciente

Por otra parte, al repasar lo ocurrido, hay que recordar que la ampliación del poder de la Policía durante los meses de “estado de emergencia sanitaria” ha sido particularmente reveladora de las formas más degradantes de actuación de la fuerza pública, que perviven y se ejercen con regular impunidad en sus filas. Los excesos durante la vigilancia policial en la cuarentena no son hechos meramente anecdóticos: son conductas “abrumadoras y llenas de arbitrariedad”, que perviven desde tiempos de la dictadura, con el agravante de que no son investigadas penalmente, tal como lo denunció la Codehupy en diversos momentos.

Aprovechamiento político, el rostro miserable de la política en pandemia

Asimismo, a pesar del delicado escenario presentado en los más diversos ámbitos y que evidenciaba las carencias señaladas aquí y muchas otras que se fueron contabilizando a lo largo de los siete meses de pandemia, el Poder Ejecutivo, en una censurable acción, pretendió políticamente aprovecharse de la coyuntura de desmovilización social, producto de las limitaciones impuestas a los derechos de reunión y manifestación pública, presentando una propuesta de reforma del Estado. A juzgar por la foto surgida del evento donde se hizo el anuncio, esta no pasaba de ser, cuando mucho, una reforma del poder para el poder, sin contemplar en modo alguno la participación de organizaciones sociales, de derechos humanos, ni del campo popular[8].

La falta de consulta y garantías de participación de las organizaciones de la sociedad civil y los movimientos sociales, en líneas generales, es un rasgo notorio de la gestión restrictiva del Gobierno ante la pandemia.

Ante esto, la Codehupy señaló la impostergable “necesidad de reducir la desigualdad existente” –una “demanda que ha vertebrado las acciones de exigibilidad de las organizaciones sociales y de derechos humanos en las últimas décadas”– como el principal reclamo que debía ser atendido por el peso mismo de la coyuntura desde el ámbito gubernamental, que debía partir de una amplia participación, pero en un contexto de pospandemia.

Cuánto más durará la pandemia y el impacto final que esta tendrá en todos los ámbitos, está en el terreno de la incertidumbre aún. Sin embargo, a partir de las medidas dispuestas por el Gobierno para contenerla, hay cada vez más certezas sobre las tareas del futuro, en cuanto a su enfoque y el ineludible carácter participativo que cualquier iniciativa para reforma del Estado debe tener. A la luz de la emergencia sanitaria y las evidencias que la misma nos ha deparado, esto adquiere, además, una dimensión histórica que no se debe eludir, si realmente se anhela que el Paraguay se transforme en un Estado social de derecho y no en una versión desdibujada del mismo.