La Ley de Protección Integral a las Mujeres contra Toda Forma de Violencia se va implementando de modo lento, sesgado y parcial en las distintas instituciones que conforman el sistema de protección. La situación en pandemia solo acentuó las carencias de la población en general, y de las mujeres en particular, para acceder a servicios públicos de calidad y en todo el país. Es por eso que mientras el Estado no priorice el cumplimiento de las leyes con presupuestos acordes a las necesidades, poco es lo que se puede avanzar hacia una vida libre de violencia.
