La crisis alimentaria agudizada por la pandemia de covid-19, sumada a las crisis económica y climática, dejó en evidencia las falencias estructurales que impiden la vigencia de la seguridad y la soberanía alimentaria. La situación no hace sino empeorar. Con más de 840 mil personas subalimentadas, y más de 2 millones en riesgo de estarlo, urgen medidas que garanticen la recuperación de la producción de alimentos y fomenten el acceso a los mismos por parte de la población más vulnerable.
El territorio rural paraguayo ha demostrado ser esencial en la vida política, económica y cultural del país. Los últimos 25 años han tenido al campesinado, las y los terratenientes y al agroempresariado, así como a las instituciones agrarias y judiciales, en el centro de innumerables conflictos y disputas no solo por la tierra, sino también por la forma de producción, la relación con el ambiente y el sentido cultural de la vida. El Estado ha actuado como aliado de los intereses terratenientes; la reforma agraria sigue siendo una deuda con el pueblo.
