El contexto de la crisis sanitaria por la pandemia de la covid-19 puso al Estado paraguayo en el aprieto de limitar los derechos humanos para proteger intereses colectivos. Lo hizo sin poder garantizar suficientemente que las medidas afectaran a personas en situación de vulnerabilidad. Ante esta coyuntura extraordinaria, los órganos estatales dieron respuestas dispares. Esto hace evidente, una vez más, la necesidad de redoblar esfuerzos para fortalecer el sistema nacional de protección de los derechos humanos.
El presente artículo aborda las acciones del Estado para hacer frente a la crisis producida por la pandemia de la covid-19 y el alcance de las medidas asumidas dentro del sistema penitenciario. Se realiza, además, un recuento sobre el estado del derecho al trato humano a las personas privadas de libertad a lo largo de los últimos 25 años, con sus avances y retrocesos que permiten establecer el escenario en el que irrumpe el estado de emergencia sanitaria.
Al 31 de octubre, 1.404 son las muertes atribuidas a la covid-19 y, en un hecho sin precedentes, los cuerpos de las personas fallecidas fueron inhumados sin ser vistos ni velados por sus familiares. Mientras, 63.000 personas eran ya las alcanzadas por el nuevo coronavirus*. Pero el impacto de la pandemia no se reduciría al campo de la salud pública, sino que se extendería –por efecto de las medidas adoptadas para contener su propagación– a los más diversos ámbitos de la economía y la sociedad y, desde luego, de los derechos humanos.
