En el periodo bajo estudio se han continuado perpetrando desalojos forzosos de comunidades, en su mayoría efectuados por agentes fiscales y policías. Con la supresión del Plan de Acción Conjunta para casos de hechos punibles de invasión de inmueble ajeno, el procedimiento penal previo a los desalojos fiscales resulta aún más arbitrario y discrecional. Las organizaciones sociales han logrado avances, tanto en materia de proyectos de ley de expropiación, como en la consecución de acuerdos con instituciones estatales para la prevención de desalojos forzosos.