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Una crisis contenida en muchas otras que la pandemia desvela con nitidez

Al 31 de octubre, 1.404 son las muertes atribuidas a la covid-19 y, en un hecho sin precedentes, los cuerpos de las personas fallecidas fueron inhumados sin ser vistos ni velados por sus familiares. Mientras, 63.000 personas eran ya las alcanzadas por el nuevo coronavirus*. Pero el impacto de la pandemia no se reduciría al campo de la salud pública, sino que se extendería –por efecto de las medidas adoptadas para contener su propagación– a los más diversos ámbitos de la economía y la sociedad y, desde luego, de los derechos humanos.

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Un país que vive en emergencia y una reforma de salud de los años 90

La covid-19 ha venido a relevar en la agenda pública lo que venimos denunciando hace 25 años, la salud de la población está determinada por el modelo de producción y reproducción social que genera empobrecimiento, desigualdad, enfermedad y muerte, y el sistema nacional de salud funcional a las políticas neoliberales, está deliberadamente precarizado, desfinanciado y mantiene inequidades sanitarias por cuestiones de género, clase social, etnia y territorio. No obstante, estamos ante la oportunidad histórica de construir un sistema de salud universal, gratuito, integral y de calidad, pero el Estado se desentiende de los aprendizajes que este año 2020 ha dejado al mundo global, y promueve la privatización con un modelo de reforma similar a las propuestas de la década del 90 y el lucro por encima de la vida.

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Violación de DD. HH. en escuelas rurales fumigadas: otro impacto del modelo del agronegocio

Desde inicios del nuevo siglo se viene denunciando la violación de derechos en las escuelas rurales fumigadas, por organizaciones y comunidades. Sin embargo, recién en el último año ha sido estudiada rigurosamente. Se han identificado 99 escuelas en riesgo de fumigación en 10 distritos del país, a las que acuden 8.628 estudiantes y 1.168 docentes que están expuestos a fumigaciones con agrotóxicos y cuyos derechos están siendo vulnerados. Aunque hay marcos normativos, estos no son respetados y las instituciones que deberían actuar no lo hacen. Por lo tanto, varios derechos son afectados y se convierte en un problema de gran magnitud, consecuencia del modelo de agronegocio que sigue el país.

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