Durante la emergencia sanitaria, la política de seguridad fue una estrategia clave para lograr, por parte de la población, el acatamiento de las medidas de confinamiento decretadas. La ampliación del derecho penal y del rol de las agencias de criminalización secundaria a nuevas tareas e hipótesis de seguridad interna, dejaron un preocupante legado de fortalecimiento de la militarización de la seguridad y de pérdida de libertades públicas.
