La coyuntura política del 2020 ha estado indefectiblemente marcada por la situación de emergencia sanitaria causada por la pandemia de la covid-19. Este contexto evidenció, por un lado, las deudas históricas del Estado paraguayo en la consolidación de un sistema de protección social, pese a estar definido en la propia Constitución Nacional como un Estado social de derecho. Por otro lado, la gestión estatal frente a este escenario develó la vigencia de una persistente aplicación irregular de las leyes y de los procedimientos administrativos, que suponen un desafío constante para la protección de los derechos humanos en Paraguay. Así, la dinámica política de este año estuvo marcada por el debate sobre el mismo rol del Estado paraguayo como garante de derechos y la falta de racionalidad en el funcionamiento de la administración pública paraguaya.
