Estado laico en cuarentena

Sin duda, el Estado laico continúa en cuarentena. Este año de emergencia sanitaria debido a la pandemia del coronavirus (covid-19), no impidió develar el involucramiento de las Iglesias y el poder de sus posicionamientos en la acción estatal. Así también, se torna preocupante la manera en que los fundamentalismos religiosos permean el pensamiento y la toma de decisiones de parte del funcionariado público en ejercicio, exponiendo la salud de las personas y utilizando recursos públicos de forma discrecional.

A Julio Fretes[1]

Balance de los 25 años

El tema en los informes de derechos humanos. Desde el año 2007, los informes de la Codehupy contenían una introducción sobre los desafíos hacia la igualdad y la no discriminación, que coincidieron con la presentación del primer proyecto de Ley Contra Toda Forma de Discriminación[2] y la conformación de la Red Contra Toda Forma de Discriminación (RCTD)[3]. Posteriormente, en el año 2011 se publica un artículo sobre discriminación por razones religiosas[4], que es un aspecto vinculado a la laicidad. Desde el año 2012 se empezó a referir al Estado laico[5].

Separación formal. La Constitución Nacional (CN) de 1992 establece que “ninguna confesión tendrá carácter oficial”. La aconfesionalidad[6] del Estado paraguayo marca una separación formal de la Iglesia católica.

¿Qué es laicididad? Blancarte define a la laicidad como “un régimen social de convivencia, cuyas instituciones políticas están legitimadas principalmente por la soberanía popular y (ya) no por elementos religiosos”[7]. Por su parte, Suárez señala que la laicidad “aparece ligada a un proceso histórico de reafirmación de la autonomía del poder político, y en ese sentido, es un proceso emancipador”[8]. Una de sus funciones es “evitar que una ética se imponga sobre otra […] que asegura que no se concede mayor peso a un sistema de valores por su pretendido carácter revelado o supuestamente natural”[9].

Injerencia religiosa. La intromisión de la Iglesia en política (principalmente la católica, pero en los últimos años también las Iglesias evangélicas) ha sido siempre importante en Paraguay. En los últimos años, los dogmas o las visiones religiosas han permeado más fuertemente en las políticas públicas[10] y en el discurso público[11], llegando incluso a legitimar violencia hacia ciertos grupos de personas[12]. De acuerdo con Díaz:

Las intromisiones de lo político en lo religioso, obedecen a que el poder político, ante la crisis de credibilidad que le aqueja, necesita encontrar formas de legitimación diferente a la que le es natural, o sea: la soberanía popular. Las intromisiones religiosas en lo político, obedecen a pretensiones ilegítimas de la religión de ocupar espacios que no le corresponden más[13].

Religión en números. De acuerdo con una de las últimas encuestas del Pew Research Center, Paraguay era uno de los países de América Latina con mayor población católica y menor cantidad de personas identificadas como “sin religión”[14]. Asimismo, de acuerdo con el Latinobarómetro 2018, Paraguay es el país con mayor confianza en la Iglesia, con un 82%[15]. En contrapartida, la confianza en las instituciones democráticas como el Poder Judicial o el Parlamento alcanza un 24 y 25%, respectivamente[16].

Modestos progresos. Los avances con relación a la laicidad son tímidos y tienen que ver con el reconocimiento (al menos formal) de que las ideas religiosas no pueden ser las bases de las decisiones sobre políticas públicas. El más claro ejemplo probablemente fue el retiro de la declaración de Carmen del Paraná como ciudad provida[17]. El concejal que presentó la minuta aludió a la importancia de la laicidad para la democracia[18].

Temas obstaculizados. Si bien las ideas religiosas no deberían permear las políticas públicas, se ha hecho imposible discutir temas de sexualidad y reproducción. Igualmente, se han dado retrocesos en temas de género en las políticas educativas. De todas formas, como se verá más adelante, no solo los temas de sexualidad han sido atacados por grupos de presión vinculados a las Iglesias, sino también otros como migración y políticas ambientales. Por otra parte, la falta de una ley contra toda forma de discriminación impide la vigencia de un mecanismo de aplicación del principio de igualdad y no discriminación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 46 de la CN. Uno de los argumentos del rechazo del primer proyecto, en el año 2014, fue que el mismo constituiría una “ley mordaza” para las religiones[19].

Ley “Julio Fretes”. La aprobación del proyecto de Ley Contra Toda Forma de Discriminación (Ley “Julio Fretes”), presentado por primera vez en el año 2007, es uno de los principales temas pendientes. El nombre es un homenaje a Julio Fretes, activista por los derechos de las personas con discapacidad y uno de los fundadores de la Red Contra Toda Forma de Discriminación (RCTFD). Julio fue un pilar fundamental de la mirada interseccional de la Red y falleció en el 2009 sin que Paraguay tenga ley. Teniendo su legado presente, la RCTFD sigue impulsando el proyecto, pendiente de tratamiento en su segunda presentación, en el año 2015[20].

El mayor desafío. El paso de la aconfesionalidad a la laicidad es todavía un gran desafío para la sociedad y el Estado paraguayo.

Situación del derecho

Propuesta de que iglesias repartan kits de alimentos

Al inicio de las medidas de restricción, y en el estadio inicial de organización del programa Pytyvõ, la idea era repartir kits de alimentos. La entidad encargada era la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN). En ese contexto, el intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, había propuesto que sean las iglesias las encargadas de entregar los víveres, luego de una conversación con el monseñor Edmundo Valenzuela[21]. Rodríguez argumentó que era la manera de evitar que “se aprovechen” de la situación[22], mostrando cómo la clase política busca legitimarse a través de su vinculación con las Iglesias, tal como se señalaba más arriba. El esquema inicial propuesto por la SEN incluía una mesa coordinadora con intendentes, concejales municipales, representantes de la Iglesia, de organizaciones sociales locales, entre otros[23]. Finalmente, se reemplazó la entrega de kits de alimentos por dinero[24].

Fundamentalismo religioso le cuesta la banca a María Eugenia Bajac

Las medidas sanitarias iniciaron el 9 de marzo[25]. El 11 de marzo, la senadora liberal María Eugenia Bajac y la diputada Del Pilar Medina, desafiando la orientación para evitar viajes internacionales innecesarios, viajaron a Perú para el Congreso Evangélico Iberoamericano, que se llevó a cabo en Lima a partir del 12 de marzo[26]. El presidente del Congreso, Blas Llano, le habría “implorado” a la senadora que no viajara en ese contexto[27]. Después de solicitar pasajes aéreos y viáticos para viajar a Guatemala, ella voló a Perú sin notificar a la presidencia de la Cámara de Senadores[28]. En respuesta al escrutinio de su viaje, Bajac afirmó que este fue por razones personales. Rápidamente surgieron pruebas de que, mientras se hallaba en Perú, estaba usando vehículos pertenecientes a la Embajada de Paraguay[29], en violación de la prohibición de utilizar recursos estatales para viajes personales. Al regresar al país, y mientras esperaba los resultados de su prueba de covid-19, Bajac asistió a una sesión en el Senado sin tapabocas y sin tomar ninguna medida de protección[30]. Al poco tiempo se supo que tanto Bajac como un pastor evangélico, que también asistió al congreso de Perú, dieron positivo[31].

Después de que el resultado de Bajac se hiciera público, la Cámara de Senadores se vio obligada a declarar una cuarentena obligatoria para legisladores y legisladoras, funcionariado y la prensa que asistieron a las sesiones del Senado[32]. El comportamiento de Bajac y su posterior intento de justificación crearon un escándalo. El presidente del Congreso, que es del propio partido de Bajac, exigió su renuncia[33] y la Fiscalía imputó a Bajac y Del Pilar Medina por violar la cuarentena y otros delitos relacionados con la transmisión del virus. La imputación del Ministerio Público terminó en la aplicación de un criterio de oportunidad luego de la donación de 20 millones de guaraníes[34]. Luego de una audiencia en el Senado el 14 de abril, Bajac perdió su investidura como senadora[35].

Cabe recordar que, en el 2019, la investidura de Bajac había sido previamente puesta en tela de juicio por su calidad de pastora evangélica, a lo que ella había respondido que antes de su candidatura había renunciado[36]. Durante toda su gestión, Bajac sostuvo un discurso fundamentalista religioso[37] y discriminatorio[38].

Nuevas ciudades provida y profamilia

A inicios del mes de marzo, la ciudad de Villeta se declaró “provida y profamilia”^[39]. En la minuta propuesta por el concejal Luis Alberto Verón, se solicitó a la Intendencia la construcción de un “monumento representativo del milagro de la vida”^[40]. De manera similar, Coronel Oviedo se declaró ciudad “provida y profamilia” en el mes de septiembre[41]. Por otra parte, organizaciones antiderechos presentaron una nota a la Junta Departamental de San Pedro solicitando que el departamento sea declarado “provida y profamilia”^[42]. La declaración de ciudades “provida y profamilia” es una estrategia utilizada en los últimos años para profundizar los discursos antiderechos y discriminatorio desde el Estado.

Retiro del Acuerdo de Escazú por presión de la Iglesia católica

En noviembre de 2019, el arzobispo de Asunción, Edmundo Valenzuela, publicó un video llamando a la feligresía a oponerse a la ratificación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como el Acuerdo de Escazú^[43]. Entre otras cosas, Valenzuela afirmó que “nos encontramos ante una amenaza que proviene de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que quieren hacer un acuerdo de todos los acuerdos, prácticamente imponiéndonos aceptar todas las resoluciones anteriores de aborto, ideología de género, eutanasia”^[44]. Valenzuela reconoció después que no tenía información completa sobre el mencionado acuerdo^[45]. De todas formas, el Poder Ejecutivo retiró el proyecto de ley de ratificación, argumentando públicamente que debía “revisar” si el texto presentado era el mismo criticado por sus detractores^[46], aunque no explicó este motivo en el mensaje del retiro[47]. Posteriormente, la discusión sobre el Acuerdo de Escazú continuó y se sumaron otros actores, como el empresariado y gremios de la producción con otros argumentos, pero en una primera instancia la principal oposición vino de la Iglesia católica[48].

Presión para reabrir templos y protocolos diferenciados para iglesias y Caacupé

Una constante en el marco de las medidas sanitarias más restrictivas fue la presión de las Iglesias para la reapertura de templos, así como la diferencia de trato para ellas. A partir del mes de abril, varias Iglesias solicitaron la reapertura de templos^[49], pese a lo poco recomendable de la medida. La presión obligó al ministro de Salud, Julio Mazzoleni, a pedir comprensión y a explicar que, en el mundo, los rebrotes más importantes habían estado ligados a actividades religiosas^[50]. De hecho, las Iglesias fueron de las primeras instituciones que reabrieron de forma gradual^[51].

En septiembre se inició el levantamiento gradual de las restricciones sanitarias. De todas las actividades, las celebraciones religiosas y de culto tienen la autorización para un máximo de 150 personas, mientras que las actividades culturales tienen un máximo permitido de 50 personas^[52]. La diferencia de trato en cuanto al número de personas en ambas actividades no es razonable, ya que ambas implican aglomeración, independientemente del propósito de la actividad. Asimismo, se empezó a aprobar el protocolo para las actividades relacionadas al 8 de diciembre, donde se permitiría un máximo de 45.000 personas, lo que podría significar la exposición a un gran riesgo en términos de aglomeración^[53]. El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) pide a las personas evitar ir a Caacupé^[54] y, al cierre de este informe, se había suspendido la actividad[55].

Nuevo informe del relator especial sobre la libertad de religión o de creencias sobre libertad religiosa y género

En febrero, el relator especial sobre la libertad de religión o de creencias de la ONU, Ahmed Shaheed, presentó su informe “Violencia de género y discriminación en nombre de la religión o las creencias”[56]. En el mismo, expresó su preocupación sobre el uso de las creencias religiosas como argumento para violar derechos de lesbianas, gais, bisexuales, personas trans e intersexuales (LGTBI), así como la justificación de la violencia basada en género y los retrocesos en las políticas públicas sobre estos temas. Entre otras cosas, señaló:

Los participantes en las consultas sobre América Latina informaron de que los programas de educación sobre salud reproductiva y sexual se habían reducido en el Brasil, Chile, Colombia, el Ecuador y el Paraguay a raíz de la presión ejercida por grupos religiosos. Además, algunos grupos religiosos han llevado a cabo una campaña en contra de la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relativa a la identidad de género, la igualdad y la no discriminación de las parejas del mismo sexo, en la que definían la “ideología de género” como “contraria a la naturaleza humana” y alentaban explícitamente la discriminación de las personas LGBT+[57].

Asimismo, el relator afirmó que

[…] esta superposición entre la libertad de religión o de creencias y el derecho a la no discriminación debe abordarse no mediante compensaciones o un orden jerárquico, sino logrando la “concordancia práctica” de todos los derechos humanos en cuestión, en la mayor medida posible, sobre la base de razones accesibles para tod[as las personas].[58]

Continúa estancada la formulación y aplicación de una política de Educación Integral de la Sexualidad (EIS)[59]. Uno de los grandes responsables es el ministro de Educación, Eduardo Petta, conocido por sus creencias religiosas y su pertenencia a una Iglesia evangélica[60].

La fe es privada, el gasto es público

Como era previsible, el gasto público en construcciones o reparaciones de iglesias o templos disminuyó considerablemente y el único llamado al respecto data de finales del 2019, que fue declarado desierto, sentando un récord en la ausencia de gasto público para las Iglesias (cuadro 1).

Cuadro 1. Licitaciones abiertas para construcción/refacción/mantenimiento de iglesias (en guaraníes). Octubre de 2019 a octubre de 2020

Conclusiones

Si bien se han dado algunas respuestas institucionales ante la intromisión de fundamentalismos religiosos en la esfera política –en especial en lo referente a prácticas de parte del funcionariado público en ejercicio y la instauración de las denominadas “ciudades provida”–, es notorio cómo el Estado y su amplia estructura todavía funcionan por fuera de los principios de laicidad.

Asimismo, este hecho se ve acrecentado por acciones de los gobiernos de turno que tampoco se orientan a separar a las Iglesias del Estado sino, más bien, suman privilegios a las mismas para la toma de decisiones. De esta manera, inciden de forma sesgada en la vida de la ciudadanía en general. Por citar algunos ejemplos: el retiro del Acuerdo de Escazú, el impedimento a la educación en sexualidad en los colegios por parte del Ministro de Educación y Ciencias, la flexibilización de las medidas sanitarias para las Iglesias con relación a otras instituciones o sectores, entre otros.

Por otra parte, si bien el gasto público destinado al mejoramiento de las iglesias ha disminuido considerablemente este año, no se ha visualizado, en contraposición, la misma inversión de años anteriores en mejoras de otras prioridades del país, como la reparación de escuelas públicas y de servicios de salud que, incluso en emergencia sanitaria, han evidenciado su constante precariedad.

Así, el Estado laico sigue en una cuarentena que no se da por causa de una pandemia, sino de la no separación del Estado, que continúa siendo el principal desafío.

Recomendaciones

Debido a que recomendaciones formuladas en años anteriores no se han considerado[61], a continuación, se reiteran varias de ellas.

• Hacer efectiva la vigencia de un Estado laico, tal como lo establece la Constitución Nacional (art. 24).
• Limitar el gasto público en infraestructura de los templos y, en general, en actividades de las Iglesias.
• Aplicar los principios de equidad de género y no discriminación incluidos en la Ley Orgánica Municipal en las acciones, los programas y las iniciativas de los municipios.
• Derogar las declaraciones de las cámaras del Congreso como “provida y profamilia”, así como el Frente Parlamentario por la vida y la familia de la Cámara de Diputados.
• Derogar las resoluciones municipales que declaran a diversos municipios como “provida y profamilia”.
• Aprobar el proyecto de Ley Contra Toda Forma de Discriminación (Ley “Julio Fretes”), actualmente en estudio en la Cámara de Senadores desde el año 2015.